El Gobierno de España, al ser la energía un asunto estratégico, de Estado, abona todos los años a una filial de Naturgy una cantidad millonaria por el almacenaje de gas natural, que está conectado a la red de distribución general, en el entorno de Doñana. En total, en los últimos cuatro años, la cifra roza los 26 millones de euros. Este año han sido 6,5, según se puede comprobar en el BOE  del pasado 28 de diciembre y que avanzó la Cadena Ser.

En el año 2011, el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián (PSOE), autorizó a la empresa Naturgy a almacenar gas natural en el entorno del Parque Nacional de Doñana durante 30 años prorrogables en otros 20 más, según recoge el decreto en el que se estableció la concesión.

Naturgy quiere ahora ampliar el llamado proyecto Marismas, el primero de cuyos subproyectos, llamado Marismas Occidental, “ya funciona como almacén de gas” tras recibir las autorizaciones pertinentes del Estado y de la Junta de Andalucía. Según describe la propia compañía el plan es desarrollar todos los subproyectos, que son cuatro, en dos fases.

“En la primera, la compañía extraerá las reservas adicionales de gas natural que aún permanecen en los yacimientos, situados a 1.000 metros de profundidad. En la segunda fase, una vez extraído el gas, los almacenamientos, creados por la naturaleza hace millones de años, volverán a ser utilizados para este fin”, asegura Naturgy. 

Todos los subproyectos, excepto el conocido como Marismas Occidental, que está en marcha, están paralizados de hecho después de que la Junta de Andalucía, a partir del año 2013, decidiera no otorgar las autorizaciones ambientales autonómicas. Naturgy sí cuenta con las del Gobierno de España. 

Uno de esos tres subproyectos que están hoy parados, el conocido como Marismas Oriental, es sobre el que la justicia andaluza ha fallado en diciembre pasado. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló la actuación de la Administración autonómica..

Históricamente, las asociaciones ecologistas y los científicos que trabajan en el Parque, y también ahora, desde fechas recientes, los partidos políticos en Andalucía –todos excepto Vox–, se han pronunciado en contra de que en el entorno del Parque Nacional se ejecuten nuevas infraestructuras energéticas –y de otro tipo– que puedan perjudicar el equilibrio en una zona protegida. 

Revisión y recurso

Además de ecologistas y científicos, el Defensor del Pueblo y la Unión Europea también están a favor de que, además de impedir nuevas infrestructuras, se revisen también los permisos ya concedidos para las instalaciones gasísticas que hoy operan en el entorno de Doñana. El argumento central es que el Gobierno entregó las autorizaciones teniendo en cuenta el impacto ambiental para cuatro proyectos de manera individual cuando en realidad se trataba de uno solo y que, por tanto, no se evaluaron correctamente los riesgos, entre ellos, el sísmico.

Naturgy tiene planteado un contencioso en los tribunales que está por resolverse en el que reclama al Gobierno andaluz 358 millones de euros por el veto y frenazo a la ampliación de las estructuras gasísticas.

La empresa lleva trabajando en la provincia de Huelva, donde se ubica el Parque nacional, desde hace más de 30 años. “En este tiempo la compañía ha extraído más de 13.000 GWh de gas del subsuelo, equivalentes a siete años de consumo convencional de Andalucía”, afirma en su página web. 

Hoy existe en el entorno de Doñana una red de gasoductos con una longitud de 60 kilómetros que conecta los yacimientos con el sistema gasista. “En su gran mayoría esta infraestructura se creó a finales de los 80 y durante los años 90”, afirma Naturgy. Los principales gasoductos son los conocidos como Saladillo-Marismas (25 km); la Cerca-Palancares (12 km); y Marismas 2-Marismas 3 (6 km). En este mapa se puede ver dónde están ubicados –en el Espacio Natural Doñana –y su cercanía al parque Nacional.