Las entidades soberanistas creen que la guerra sucia irá a más

BARCELONA.- Las conversaciones entre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el por entonces jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, en las que conspiraban para fabricar escándalos contra ERC y CDC, han traído actuaciones políticas dispares. Transcurridas las elecciones, los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Ciudadanos se opusieron a que el ministro diera explicaciones sobre este asunto en el Congreso de los Diputados. Por el contrario, y con menos de 24 horas de diferencia, el Parlament de Catalunya aprobaba la destitución del director de la OAC.

La lluvia de denuncias tampoco se ha hecho esperar. Convergència y el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias ya han iniciado trámites para querellarse contra el ministro por injuria, delitos contra la autoridad y revelación de secretos. Catalunya Sí Que es Pot ha presentado una denuncia a la Fiscalía para que investigue si Fernández Díaz y De Alfonso cometieron un delito de prevaricación. Y el PSC también aportará su querella contra De Alfonso, pero en su caso por haber sido acusados de filtrar sus conversaciones con el ministro. Paralelamente, el Sindic de Greuges, Rafael Ribó, llevará el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Indicios, sospechas y evidencias

A finales de 2014, una web llamada 'Anonymus Cataluña' filtraba el listado de los más de 50.000 socios de la Assemblea Nacional Catalana. Entre la información se encontraba el nombre, el DNI, el correo electrónico y el estado de pago de la cuota de cada miembro. La ANC no solo denunció que estos datos habían sido sustraídos de forma ilegal, también insinuó que detrás de la filtración estaba el CNI. Las consecuencias tuvieron un impacto en las arcas de la entidad independentista, por entonces presidida por Carme Forcadell: la Agencia Española de Protección de Datos sancionó la falta de seguridad con 40.000 euros, a los que se sumaron otros 200.000 por vulnerar un artículo de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en la encuesta soberanista que la entidad realizó a través de voluntarios en miles de domicilios. Vox y Ciutadans fueron los partidos que alertaron a la AEPD de lo que consideraban "listas negras". Òmnium Cultural, entidad presidida por Jordi Cuixart, también fue sancionada con la misma suma.

El exjefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso.

Escenario postelectoral

El escándalo de las conversaciones entre Fernández Díaz y De Alfonso apenas penalizó al Partido Popular en las elecciones del 26-J. En cambio, desde las entidades soberanistas esperan que esto ayude a reforzar la idea de que el estado español "renuncia a defender los derechos democráticos", según Cuixart. El presidente de Òmnium se congratula de que en Catalunya la fuerza del cambio sea más holgada que en cualquier otra comunidad autónoma e interpela a la parte de la ciudadanía española que ha posibilitado una victoria aun mayor de los populares: "Que voten a todo lo opuesto a la democracia, transparencia y división de poderes es preocupante".

Reformular la OAC, una herramienta "necesaria"

En clave estrictamente catalana, las entidades soberanistas valoran la importancia de tener una Oficina Antifraude pionera en el estado español y ninguno de sus portavoces se cuestiona su desaparición. Jordi Cuixart cree que este organismo "nos hace más europeos" y arroja una imagen de "exigencia y transparencia a ojos del mundo". No obstante, el presidente de Òmnium reconoce que "la buena fe es necesaria pero no suficiente" y que, tras lo ocurrido durante el mandato de De Alfonso, "urgen mecanismos para fiscalizar sus movimientos".