BARCELONA.- Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), ERC, el PSC y la CUP se han sumado al Compromiso por el Agua en Catalunya, un documento que aboga por el control y la gestión pública del recurso y por garantizar que ninguna familia catalana se queda sin subministro de agua "por motivos económicos", entre otras cuestiones. El compromiso está impulsado por la plataforma Aigua és Vida, cuenta con la adhesión de organizaciones vecinales, sociales, ambientales, ecologistas y sindicales y supone un paso adelante respecto al Pacto Social por el Agua Pública en Catalunya, promovido por el mismo movimiento y firmado por las fuerzas de izquierdas antes de las pasadas elecciones municipales.

Moisès Subirana, portavoz de Aigua és Vida, ha subrayado que sólo se han quedado fuera "las fuerzas políticas que se sitúan en las posiciones más neoliberales", en referencia a PP, Ciudadanos, Convergència (CDC) y Unió (UDC). En este sentido, es significativo que ERC se haya adherido al documento -ya lo hizo también en el pacto previo a los comicios locales- mientras que CDC, sus socios dentro de la candidatura Junts pel Sí, no lo haya hecho. En el programa de la candidatura para las elecciones del 27 de septiembre no aparece ningún mención al control y la gestión pública del agua. Ricard Martínez, secretario de Política Territorial de los republicanos, se ha limitado a afirmar que Junts pel Sí "es una coalición instrumental para conseguir la independencia" y "no puede asumir el documento porque como candidatura no lo hemos debatido".

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinales de Catalunya (CONFAVC), Jordi Giró, ha manifestado que "sin una buena estructura de servicio público y universal del agua y con una participación abierta a la ciudadanía no podemos construir un buen país". Subirana, por su parte, ha añadido que el compromiso firmado hoy -precisamente en la sede de la CONFAVC- supone "aumentar el consenso entorno al agua". Y es que mientras el pacto previo a las municipales no fue firmado por el PSC, esta vez los socialistas sí que se han sumado.

Facilitar la municipalización del servicio

El compromiso se divide en seis bloques. En el primero plantea el "derecho humano al agua y al saneamiento" y reclama que la legislación catalana incorpore este precepto, en línea con el posicionamiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También exige "garantizar el suministro de agua a todas la familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica", así como presentar un plan de acompañamiento y recursos para la municipalización del agua, precisamente una de las demandas del pacto firmado hace unos meses.

En el segundo bloque se reclama que Aigües Ter Llobregat (ATLL) tenga una gestión pública. Hace tres años esta empresa que se encarga de la gestión en alta, es decir desde las cabeceras de los ríos hasta los depósitos municipales, se convirtió en la mayor privatización en la historia de la Generalitat y se externalizó su gestión a un consorcio encabezado por Acciona. Después de una batalla judicial con Agbar, que lideraba el otro grupo que aspiraba a la concesión, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictaminó que el concurso era público, pero el gobierno de Artur Mas presentó un recurso al Tribunal Supremo contra la anulación. Por lo tanto, el compromiso aboga por revertir una de las políticas que han marcado el gobierno convergente.

El resto de bloques piden convertir la Agencia Catalana del Agua (ACA) en el "órgano regulador del control público del ciclo integral del agua en todas las cuencas fluviales de Catalunya" y "paralizar y suspender definitivamente el proceso mediante el cual se cedían las depuradoras al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a cambio de la privatización del canon del agua"; garantizar el abastecimiento de todas las poblaciones y no ejecutar ningún otro trasvase; presionar para que el Plan Hidrológico del Ebro aumente los cabales mínimos del río en su tramo bajo; y, finalmente, impulsar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del agua. En relación al último punto, el documento plantea iniciar la elaboración del Pacto nacional del Agua.

Lluís Rabell, candidato de CSQP a la presidencia de la Generalitat, ha celebrado el acuerdo y ha defendido como una "cuestión fundamental", que el gobierno catalán recupere la gestión de ATLL. "No podemos hablar de procesos de empoderamiento nacional de Catalunya si abandonamos estructuras de estado como esta a manos de multinacionales", ha manifestado. Lluc Pelàez, miembro de la candidatura de la CUP para los comicios del 27-S, ha recordado que la formación de la izquierda independentista "ya trabaja en la línea de lo que plantea el documento" y ha "trabajado para la remunicipalización" del servicio del agua "allí donde hemos gobernado". Pelàez ve "imprescindible" hablar de una gestión sostenible del agua que, en su opinión, "no es posible mientras continuemos con la privatización de los espacios de gestión del agua".

Ricard Martínez (ERC) ha considerado que "debe haber un control público de todo el proceso del agua" y una "mayor participación ciudadana en el sistema de gestión" de su ciclo integral. Martínez ha afirmado que la gestión "debe tender a ser pública" y se ha mostrado partidario de abrir un "debate" sobre lo que significa una "gestión pública" y no ha cerrado la puerta a la existencia de empresas mixtas, con participación pública y privada, que se encarguen de prestar el servicio, algo que difiere con lo planteado por Aigua és Vida. Sobre ATLL, el dirigente de ERC se ha limitado a comentar que el gobierno catalán que salga de las urnas del 27-S tiene que ver si puede "revertir" su privatización, porque jurídicamente su privatización se haga "insostenible" y se pueda pagar a la empresa adjudicataria. Pero si económicamente no es factible, Martínez ha dejado claro que "no es una cuestión prioritaria", porque la prioridad "es mantener los servicios básicos".

Finalmente, el hasta ahora diputado socialista Xavier Sabaté ha pedido que el agua "no puede ser tratada como una herramienta para recaudar impuestos que van a la caja de la Generalitat" y se ha opuesto al establecimiento de "nuevos cánones" que "son discriminatorios". Y en relación a la posición de su partido, que en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) votó junto a CiU a favor de la creación de una empresa mixta -pero controlada en un 85% por la multinacional Agbar- para prestar el servicio- ha manifestado que "tenemos el consenso, y en nuestro programa está escrito, que en la gestión en baja debe haber una mayoría pública".