Cuando apenas quedan cinco meses para las elecciones en Euskadi, la izquierda abertzale busca una salida para no quedarse fuera del Parlamento por primera vez desde la Transición. Huérfana de siglas, tras las ilegalizaciones de EHAK y ANV, y de líderes, por los continuos encarcelamientos, la esperada intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) en la causa de Batasuna se antoja como uno de los pocos salvavidas que le quedan.

La Abogacía del Estado espera que Estrasburgo dicte sentencia “antes de fin de año” y que avale su actuación el último lustro para dejar fuera del marco legal a Batasuna y las siglas que han ido apareciendo para cubrir su hueco en las urnas. El abogado de la formación abertzale Iñigo Iruin, sin querer entrar en “cábalas” sobre las fechas, muestra un “prudente optimismo”, desde que diez meses atrás el TEDH admitiera ya sus recursos.

Ahora restan otras dos batallas procesales antes de que el TEDH pueda dictar un veredicto. En primer lugar, la Sala constituida por siete jueces para examinar esta causa debe decidir si se inhibe a favor de la Gran Sala, una especie de tribunal plenario integrado por 17 magistrados. El TEDH se inclinaba hacia ello en una carta remitida a las partes en julio, a la que la Abogacía del Estado contestó con un “escrito de oposición”.

La defensa de Batasuna, por su parte, no ha planteado objeción alguna a que el caso se resuelva en la Gran Sala. Este escenario le permitiría potenciar una mayor repercusión del caso en Europa, pero también tiene sus pegas: agota la vía judicial –tras la resolución de la Gran Sala no es posible presentar un recurso–, y dilata el proceso, reduciendo las opciones de que pueda haber una resolución antes de las elecciones vascas.

Pese a la importancia de esta cita con las urnas, la izquierda abertzale afronta el proceso de Estrasburgo como una carrera de fondo. Sus letrados trabajan con la prioridad de buscar el mejor escenario posible para defender su postura, aunque ello conlleve dilatar el proceso y se echen los comicios encima. Así, sea en la Sala de 7 magistrados o en la Gran Sala de 17, la defensa de Batasuna pide que se celebre una vista oral.

La Abogacía del Estado, por su parte, se opone a una audiencia pública con el argumento de que no sería “en absoluto neutra” y que “sería utilizada por la propaganda de estos grupos para poner en cuestión la actividad legítima de los poderes públicos”.

En ese escenario, los tiempos pueden favorecer a la izquierda abertzale de cara a las elecciones. Porque los servicios jurídicos del Estado tendrían más complicado impulsar la anulación de una eventual candidatura nueva, si en ese preciso momento se celebrara el juicio de Batasuna en el TEDH bajo el escrutinio internacional de toda Europa. “No sabemos qué ocurrirá, pero desde luego el Gobierno español tratará como sea de que el juicio no coincida con las elecciones”, considera una portavoz abertzale.

Mientras, el Ejecutivo da mensajes de distinto signo sobre la idea de una “marca blanca”. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que la izquierda abertzale no intentará presentarse, “porque sabe que sus apoyos cada vez son menos y no quiere que se conozca esa debilidad”. Por el contrario, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dicho que “el mundo batasuno no se resignará a no intentarlo”.

Durante las últimas semanas, ha sonado el nombre del ex secretario general del sindicato LAB Rafa Díez Usabiaga como la persona que podría integrar una lista. Sin embargo, según las fuentes consultadas, su eventual paso a la política en la Cámara vasca se antoja complicado por dos razones. En primer lugar, y pese a su relevante papel en los dos últimos procesos de paz, su presencia podría dar pie a la anulación de una eventual candidatura, ya que fue parlamentario por EH, entre 1998 y 2001. Y si bien es cierto que lo fue antes de aprobarse la Ley de Partidos, en 2002, el TS ya anuló listas de ANV en las elecciones locales de 2007 porque algunos candidatos habían tenido una vinculación con HB, EH o Batasuna antes de la Ley de Partidos.

En segundo lugar, la aparición de Díez Usabiaga no sería un plato de buen gusto para quienes defienden la línea dura. Como señala un histórico, “el problema es que Rafa es de la cuerda de Otegi, y Otegi sigue siendo un activo para hacer política. Otegi puede decir públicamente lo que diga sin desentonar, pero luego dentro, en casa, también dice cosas que incomodan. Su protagonismo les hace daño a algunos”, señala el histórico dirigente, en alusión a ETA.

Según su visión, el escenario ideal para ETA sería que, tras las elecciones, se perpetuase en el Parlamento la situación vivida esta legislatura con un grupo del corte de EHAK, defensor del ideario, pero carente de líderes sólidos para marcar estrategias políticas. “Si preguntas en la calle quiénes son las parlamentarias de EHAK, nadie las conoce. No son líderes, pero Otegi y Rafa sí”, dice, con el convencimiento de que tanto a ETA, como al PSOE y al PP “les conviene que haya una izquierda abertzale mutilada, sin dirección política. Y el PP y el PSOE se equivocan, porque están dejando que el aparato militar se imponga a la política en la izquierda abertzale”.

Entre tanto, y aparte de Estrasburgo, entre las bases de la izquierda abertzale anida la esperanza de que su presencia en las elecciones aún podría ser posible por otro factor: que el Gobierno socialista deje pasar una “marca blanca” para evitar una fuga de votos hacia el PNV y EA que pudiera frenar al PSE en su objetivo de presidir el próximo Gobierno vasco.

Un histórico de HB, Tasio Erkizia, rechaza valorar esos “cálculos electorales. Lo único que sabemos es que el PSOE está yendo con chulería más lejos que el PP. Sufrimos a diario una represión impresionante y no podemos hacer nada para defendernos”. Y niega también la posible integración de Rafa Díez Usabiaga en una marca blanca: “Esas son intoxicaciones de la Policía. No tienen fundamento”.

Cuatro ‘marcas’ electorales en juego

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo admitió a trámite, en diciembre de 2007, los recursos presentados contra su ilegalización por las formaciones de la izquierda abertzale Batasuna, Herri Batasuna, Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) y Herritarren Zerrenda.

La Corte europea admitió los recursos interpuestos contra España para examinar si esta ilegalización vulnera los artículos 10 (derecho a la libertad de expresión) y 11 (derecho a la libertad de reunión y asociación) del Convenio.

El caso se encuentra ahora en manos de una sala compuesta por siete jueces, que es una especie de tribunal ordinario. Tras analizar los casos, el tribunal tiene potestad para decidir su admisión y dictar la correspondiente sentencia. Antes de una resolución, también puede celebrar una vista oral.

Solo los casos que revisten una especial complejidad y de los que se inhiben las salas son analizados por la Gran Sala, constituida en este caso por 17 magistrados. Los fallos en la Gran Sala se adoptan por mayoría simple, son definitivos (no cabe recurso) y de cumplimiento obligado por parte de los estados. El Tribunal de Estrasburgo está formado actualmente por 46 estados.