Los medios de comunicación vuelven a estar en su punto de mira. ETA ha vuelto a atentar contra los medios de comunicación seis meses después.

El pasado mes de junio, ETA hizo estallar poco después de las tres de la madrugada el pasado 6 de junio un artefacto explosivo en la planta que alberga la rotativa del diario El Correo en el polígono Torre Larragoiti de Zamudio (Vizcaya).

La explosión no causó daños personales a pesar de  que en el momento de la deflagración había medio centenar de trabajadores en el edificio y de que en esta ocasión la banda armada no realizó ningún aviso previo.

La onda expansiva destrozó cuarenta metros cuadrados del muro del edificio, además de causar daños en otras empresas cercanas. Según las primeras investigaciones de la Ertzaintza, la bomba estaba compuesta por entre tres y cinco kilos de un explosivo aún por determinar y fue activada por los terroristas con un temporizador. Los etarras la ocultaron en una mochila que posteriormente dejaron junto al muro exterior de la zona trasera del edificio de la rotativa.

El diario, que tuvo que interrumpir la impresión del periódico durante más de dos horas, respondió al ataque con una edición de urgencia, en la que incluyó el editorial No nos silenciarán. Su director, Juan Carlos Martínez, aseguró entonces que el objetivo de ETA es “coaccionar” a los medios. “Hoy le ha tocado a El Correo, pero otro día le puede tocar a otro”.

El periódico pertenece al grupo Vocento, cuyos medios ya habían sido víctimas de otros atentados y ataques de kale borroka. El más grave de ellos se produjo en mayo de 2001, cuando ETA asesinó al director financiero de El Diario Vasco, Santiago Oleaga.

ETA lanzó el pasado mes de septiembre una clara amenaza contra los medios de comunicación en el  número de septiembre del Zutabe, su boletín interno. En aquel documento, la organización terrorista daba a conocer su visión de lo que había sido el frustrado proceso de paz y en ella culpaba al Gobierno español de la ruptura del mismo.

El documento dedicaba un pequeño texto al trabajo de los medios durante la tregua, a los que acusaban de seguir las directrices La Moncloa. El texto hacía referencia a dos periodistas concretos –uno de El País y otro de El Diario Vasco, perteneciente éste último al grupo Vocento, como El Correo– , a los que acusó de contribuir a “desvirtuar” el proceso.