La defensa de la etarra Inés del Río ha recurrido el bloqueo de la indemnización de 30.000 euros que le concedió el pasado 21 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por los daños morales que le habría causado la aplicación con carácter retroactivo de la denominada 'doctrina Parot', han informado fuentes jurídicas.

Los abogados de Del Río han presentado un recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal, que acordó el pasado 22 de octubre su excarcelación, en el que solicitan que la indemnización concedida por el Tribunal de Estrasburgo no se destine a las indemnizaciones por responsabilidad civil que deberían recibir sus víctimas.

La Sala de lo Penal, formada por 17 magistrados, establecía que los 30.000 euros concedidos por Estrasburgo deben ser destinados al 'pago de las responsabilidades civiles decretadas a favor de las víctimas', incluso en el caso de que sirvan para compensar 'el derecho de subrogación del Estado' (que anticipó ese dinero no pagado por la reclusa por ser insolvente).

La Gran Sala del TEDH confirmó la resolución que condenó a España el julio de 2012 a indemnizar a la etarra con 30.000 euros por daños morales y a pagarle 1.500 euros en concepto de costas procesales, al considerar que España vulneró el Convenio de Derechos Humanos.

Los magistrados, que tomaron esta decisión tras una reunión de más de hora y media de duración, especificaban en su auto que la sentencia de TEDH es 'de obligado cumplimiento' para España, que se comprometió a 'dar efectividad y ejecutar las sentencias del Tribunal al prestar su consentimiento al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Civiles y Libertades Fundamentales'.

También establecían que el Convenio, en su artículo 46.1, refleja de forma concreta 'el compromiso de los Estados de acatar las sentencias en los litigios en que sean demandados, algo que la sentencia se ha visto en la necesidad de recordar'. En este sentido, advierten de que en el caso de no haber ejecutado 'de manera adecuada' la sentencia de Estrasburgo 'sería el Tribunal Constitucional el que tendría que reaccionar' anulando una decisión contraria a los derechos humanos básicos y, en concreto, al derecho a la libertad de Del Río.

La resolución recordaba que Del Río ha permanecido en la cárcel 26 años y tres meses (desde el 6 de julio de 1987) en cumplimiento de ocho sentencias por los delitos de atentado con resultado de muerte, asesinatos, lesiones, estragos, tenencia ilícita de armas, depósito de explosivos, falsedad documental y pertenencia a organización terrorista.

Aunque su salida de la cárcel se fijó inicialmente para 2008 tras aplicarle las redenciones de penas por trabajo establecidas en el Código Penal de 1973, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acumuló el 30 de noviembre de 2000 todas sus condenas y, tras aplicarle la 'doctrina Parot', señaló su salida de la cárcel para el 27 de junio de 2017, cuando se cumpliría el tope legal de 30 años.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno no va a permitir que ningún terrorista pueda tener acceso a prestaciones sociales del Estado y, de hecho, ha concretado que ya le han negado ayudas a 40 personas que pertenecen o pertenecieron a ETA. 'El Gobierno está desde el primer día trabajando para evitar situaciones injustas como que los terroristas se beneficien con las prestaciones sociales del Estado que han tratado de dinamitar', ha dicho.

En su intervención el ministro se ha hecho eco del recurso que ha presentado la etarra Inés del Río contra el bloqueo de los 30.000 euros de indemnización a cargo del Estado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo incluyó en la sentencia que derogó la 'doctrina Parot'.

Fernández Díaz ha manifestado su disposición a introducir una modificación legal para fijar el requisito de haber satisfecho la responsabilidad civil para recibir ayudas. 'Nos vamos a esmerar', ha zanjado. La etarra Inés del Río debe aún al Estado 19 millones de euros en concepto de responsabilidad civil derivada de sus atentados. Por esta razón el Gobierno ha bloqueado esos 30.000 euros de indemnización a los que hay que sumar otros 1.500 en concepto de costas del proceso.

El ministro ha hecho estas declaraciones en respuesta a la interpelación que le ha formulado la líder de UPyD, Rosa Díez, quien ha solicitado que se impida a los miembros de ETA acceder a subsidios como el de desempleo hasta que no pidan perdón por sus crímenes o colaboren con la Justicia. La formación magenta presentará este jueves una petición para que esta cuestión se debata en tres semanas como una moción.

Díez ha denunciado que se trata de un 'atropello, una vergüenza y una tropelía que los terroristas no sólo se rían de los muertos después de matarlos, sino que se rían de todos los españoles cuando salen de prisión'.

El ministro se ha mostrado dispuesto no sólo a estudiar esta posibilidad, sino también a incluir medidas complementarias que afecten incluso a otro tipo de ayudas como el subsidio de excarcelación o becas.

Además ha añadido que esta medida podría afectar a otro tipo de 'criminales especialmente abyectos' como violadores y ha puesto como límite la Constitución Española a la hora de afrontar este asunto. El ministro ha dicho incluso que en los últimos días ya ha mantenido conversaciones con la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Ha explicado que se han introducido medidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013 'para que en ningún caso los terroristas puedan beneficiarse y lo estamos aplicando porque se han producido peticiones de personas procedentes de ese mundo, que pertenecían o han pertenecido a ese mundo, más de 40, y previos informes de Interior les han sido desestimadas ya que hace meses se había modificado la Ley de Reconocimiento Integral de las Víctimas del Terrorismo'.

La etarra Inés del Río Prada podría cobrar un subsidio de hasta 7.668 euros al que pueden acceder todas las personas que han permanecido más de seis meses en prisión y salen sin haber realizado un trabajo remunerado dentro y sin tener empleo fuera, entre otros requisitos.

Se trata de un subsidio mensual de seis meses de duración, pero que puede ser prorrogable 'por otros dos periodos de igual duración, hasta un máximo de dieciocho meses'. La cuantía de este subsidio mensual es de 426 euros. Corresponde al 80 por ciento del Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IMPREM) vigente, que actualmente es de 532,51 euros, según los datos recogidos por Europa Press de la web del Ministerio de Empleo.