15-M BARCELONACondenan a más de dos años de cárcel a un inspector de los Mossos d'Esquadra por cargar contra los manifestantes del 15-M

La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años y cuatro meses de cárcel y a suspensión de cargo público al inspector de los Mossos d'Esquadra Jordi Arasa por las cargas policiales en la acampada de indignados en la plaza de Catalunya de Barcelona, el 27 de mayo de 2011.

Nueve años después de unas imágenes de exceso policial que dieron la vuelta al mundo, el tribunal ha concluido que no estaban "justificados en ningún caso" los golpes de porra a los manifestantes que, sentados en el suelo de forma "pacífica", intentaban impedir el desalojo de la acampada.

Arasa, que ya fue condenado en 2014 por golpear en ese mismo desalojo al que después sería diputado de las CUP David Fernàndez, ha sido condenado por dos delitos de lesiones a dos manifestantes, a cada uno de los cuales deberá indemnizar con 1.500 euros.

La sentencia fija que también deberá indemnizar con 1.500 euros a cuatro manifestantes que denunciaron, por las lesiones que les causó durante el operativo del 26 de mayo de 2011 para desalojar la plaza.

Arasa era en ese momento el subinspector del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) responsable del operativo, junto a efectivos de la Brigada Móvil (Brimo) y de la Guardia Urbana, y la Sección 3 de la Audiencia de Barcelona le ha absuelto de las dos faltas de lesiones y el delito contra la integridad moral que pedía la acusación.

Los policías debían asegurar que pudieran acceder a la plaza los vehículos de limpieza del Ayuntamiento, para lo que el jefe de Mossos autorizó el uso de la fuerza necesaria, mientas que la Guardia Urbana no dio esa orden, lo que las magistradas consideran "muy revelador", según el texto.

La sentencia fija que también deberá indemnizar con 1.500 euros a cuatro manifestantes

La sentencia recoge el contexto en que los denunciantes sufrieron las lesiones: en el caso de una chica, describe que no estaba insultando ni agrediendo a los agentes, "sino que estaba sentada pacíficamente hablando con sus amigas, cuando de repente y sin necesidad de uso de la fuerza alguna el acusado Jordi Arasa se acercó a ella por detrás, le cogió por los pelos y le golpeó" con la porra.

Señala también que otro manifestante estaba sentado "de forma pacífica, al igual que los que estaban junto a él", que ningún agente le ordenó levantarse, y que Arasa le pegó con la porra en las piernas y en la cabeza sin necesidad.

"Ninguna justificación"

Las magistradas rechazan como atenuante que Arasa estaba cumpliendo con su deber profesional porque en ninguna de las situaciones denunciadas hubo violencia por parte de los manifestantes, y consideran que "no hay ninguna justificación ni cabe ningún error en el acusado ya que no había ningún bien a proteger en ese momento", por lo que en ningún caso estaba justificado que usara la porra.

"No había ninguna causa que justificase esa actuación", señalan las magistradas

Así, señalan que el lugar estaba lleno de cámaras de periodistas, y que en la causa se han aportado una gran cantidad de vídeos y fotos como prueba: "No hay ninguno en el que, por lo que se refiere a los hechos que nos ocupan, se observe a alguien -perjudicados o personas que les rodearan- agredir a algún agente. Ni uno. Ni tampoco acto de violencia, arrojar objetos a los agentes, insultos. No hay".

"No es que hubiera extralimitación por haber golpeado en la cabeza a D., infringiendo la normativa sobre uso de defensas, sino que no había ninguna causa que justificase esa actuación", y en cuanto a los vídeos de cargas policiales que se proyectaron en el juicio, en los que Arasa negó en varias ocasiones reconocerse, la Sala asegura que no tiene ninguna duda de que es él quien aparece usando la porra contra manifestantes.

Inhabilitado para empleo público

La querella que inició este juicio se presentó en diciembre de 2011, con 53 denunciantes, y por todo el tiempo en el que el proceso ha estado parado, también a causa de la muerte del juez instructor, las magistradas añaden a la condena el atenuante de dilaciones indebidas.

La sentencia rechaza inhabilitar a Arasa para trabajar como mosso, tal como pedían las acusaciones, pero sí queda inhabilitado para cualquier empleo o cargo público durante el mismo tiempo que dure la condena.