Expertos del Gobierno piden derogar la Ley de Amnistía
El grupo designado para elaborar el informe previo al II Plan de Derechos Humanos denuncia, en el 'censurado' texto, la "desprotección" de las víctimas del franquismo.
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MADRID.- España no cumple con la mayoría de recomendaciones de los organismos internacionales en cuanto a protección de los derechos de las víctimas del franquismo. Por ello, los expertos del Comité designado por el Gobierno para elaborar el informe previo de lo que iba a ser el II Plan de Derechos Humanos recomiendan derogar la Ley de Amnistía de 1977 o, al menos, garantizar que dicha normativa no frustra las investigaciones de delitos cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura.
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"Ninguno de los gobiernos que se han sucedido desde la llegada de la democracia se ha planteado su derogación [de la Ley de Amnistía de 1977]. Bien al contrario, han defendido su legitimidad y su valor 'pacificador' cada vez que ha sido cuestionada por algún órgano de protección internacional de los derechos humanos", comienza lamentando la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid Carmen Pérez González.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que los delitos de lesa humanidad como las torturas y las desapariciones forzadas son imprescriptibles, pero la Ley del 77 los perdona
La experta, encargada del capítulo correspondiente englobado en el informe titulado Los derechos humanos en España: un balance crítico, explica que el objetivo marcado por el DIDH es "consolidar una paz justa y duradera tras un conflicto armado o la experiencia de un régimen dictatorial". Para conseguirlo, los órganos internacionales de protección de los derechos humanos instauraron cuatro principios a seguir: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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Asimismo, el ordenamiento jurídico español no garantiza el derecho de las víctimas a conocer la verdad, debido a los "obstáculos con que han tropezado los familiares" a la hora de lograr "la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".
De otro lado, el Comité considera "insuficiente" la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 por asentar varios de sus artículos en un "modelo de colaboración entre las administraciones públicas y los familiares descendientes directos de las víctimas". Según el DIDH, por culpa de ello, "los familiares de las víctimas y las asociaciones han suplido funciones que corresponden al Estado", como llevar a cabo las exhumaciones, a menudo "privatizadas".
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Sobre las exhumaciones: "Los familiares de las víctimas y las asociaciones han suplido funciones que corresponden al Estado"
También "persisten los obstáculos para el acceso a la información y los archivos" y sigue siendo insuficiente la medida tomada de crear un Banco de ADN para la identificación de los denominados "bebés robados". Todo ello contribuye también "al menoscabo de la satisfacción del derecho de las víctimas a la verdad".
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A día de hoy nadie ha sido condenado por las desapariciones forzadas de la Guerra Civil y la Dictadura
Porque, según la ONU "la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de la Ley de Amnistía y, en particular, la interpretación dada a dicha Ley, han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la Dictadura".