F de ferrocarril
Los accidentes mortales de Adamuz y Urda han puesto la lupa sobre el estado de salud del AVE, dejando tras de sí un daño irreparable: 115 personas fallecidas.
La tragedia de Toledo sacudía la precampaña de la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre y se llevaba por delante a su principal responsable político, el ministro Óscar Puente.
La XV legislatura ha estado repleta de hitos que han tenido consecuencias no solo en el devenir político del país, también en su historia económica, social, judicial y cultural. En esta serie los recopilamos.
Adamuz y Urda. Apenas nueve meses separan los dos accidentes ferroviarios que han teñido de luto, en el último año, las vías de la alta velocidad española. El primero, la tarde del domingo 18 de enero. El segundo, la mañana del miércoles 28 de octubre. Uno en tierras cordobesas. Otro dentro de los límites de la provincia de Toledo. Ambos en la línea de AVE más antigua de España, el corredor que conecta Madrid con Sevilla, a unos 200 kilómetros de distancia. Y dejando tras de sí un daño irreparable: 115 personas fallecidas. 46 en Adamuz; 69 en Urda. Sin contar los cientos de heridos y familias atravesadas por las dos tragedias.
En Adamuz, la principal hipótesis sigue apuntando a la rotura de una soldadura. Al menos así lo estipulaba el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), publicado seis días después del accidente. Con todo, la investigación judicial sigue abierta. En Toledo, el origen del accidente fue una avería informática que inutilizó el sistema de seguridad LZB, paralizando seis trenes en un tramo de unos 63 kilómetros. Es aquí cuando entran en juego las instrucciones del centro de control de Atocha (Madrid), que autorizó a uno de los convoyes a reanudar el trayecto "con marcha normal" (hasta los 200 km/h). Todo ello sin tener en cuenta que otro de los vehículos seguía parado a la entrada de la estación de Urda.
Si en Adamuz el Gobierno tiraba de prudencia y optaba por esperar a las conclusiones de la investigación, en Urda el titular de la cartera de Transportes, Óscar Puente, sugería, el propio día del accidente, la existencia de un error humano. En una rueda de prensa desde Atocha, el ministro socialista tachaba de "inexplicable" la orden de reanudar la marcha y a aseguraba que se había tomado la decisión "con luz roja". El centro de control, insistía Puente, tuvo "tiempo suficiente" para percatarse del "error" y, sin embargo, "no lo resuelvió". Los audios de las conversaciones entre Atocha y los maquinistas de los dos trenes accidentados aparecieron publicados, la noche del propio miércoles, en elDiario.es, dando vuelo a la teoría del fallo humano (al que precedió, en cualquier caso, un problema técnico). Si bien, tal y como explicó el ministro, la caída del LZB no es "infrecuente". Tan solo en 2026 ha habido unas 170 incidencias.
Con todo, si algo han conseguido los dos accidentes es concentrar las miradas en torno a las carencias del sistema ferroviario español. Un déficit histórico en inversión pública —heredado de los años de gobierno de Mariano Rajoy—, el discutido reparto de competencias entre Renfe y Adif, la externalización de las labores de mantenimiento o la falta de personal cualificado son algunas de las fallas que los expertos identifican, en conversación con Público, por detrás de las habituales averías y retrasos. Mientras tanto, el número de viajeros y trenes no ha parado de crecer. Especialmente en la joya de la corona del sistema ferroviario español, la alta velocidad. Y es que, tras liberalizar el mercado, por las vías de España circulan tres empresas: Renfe, Iryo y Ouigo. A los datos: en 2024 recorrieron la red de alta velocidad española 106.282 trenes, 33.848 más que en 2019, un incremento del 46%.
El accidente de Urda se producía en un momento especialmente sensible para la política española, en plena convocatoria electoral. Las historias de los 69 fallecidos paralizaban la precampaña y se llevaban por delante al principal responsable político de la tragedia, el ministro Óscar Puente. Tras una comparecencia de más de cuatro horas entre las paredes de la Diputación Permanente del Congreso, el también número uno de los socialistas por Valladolid presentaba su dimisión. "Es una cuestión de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas", explicaba Puente, con un último mensaje: "No es cierto que todos los políticos seamos iguales". Las reacciones no se hacían esperar. "Llega 116 muertes tarde", le reprochaba en los pasillos del Congreso la portavoz del PP, Esther Muñoz, incluyendo al maquinista fallecido en Gelida a principios de año. Por el contrario, las izquierdas sí ponían en valor la dimisión de Puente, recordándole a los de Feijóo la ausencia de dimisiones tras el accidente de Angrois, las muertes en las residencias de Madrid durante la pandemia o la crisis de los cribados de Andalucía.
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