El nuevo modelo de financiación autonómica se fía para largo. Para el otoño cuando pronto. En realidad, no era más que lo que “tenía en la cabeza” el vicepresidente económico, Pedro Solbes, para la difícil reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tuvo lugar ayer. La maduración de la reforma la impuso, a la postre, la generalizada reticencia de las comunidades autónomas al documento de partida que presentó el Gobierno el pasado jueves.

Tampoco habrá números por ahora. Como advirtió el ministro anoche, la cantidad que el Ejecutivo ponga encima de la mesa a repartir será una cuestión “de los últimos días, de las últimas horas”. Y eso que algunos consejeros ya habían venido con las cifras aprendidas. La horquilla se movió entre los 4.000 y los 7.000 millones de euros.

Solbes escurrió el bulto. Igual que evitó perfilar el resto de aristas polémicas: los criterios de distribución, los mecanismos de nivelación o el reconocimiento del esfuerzo fiscal. “No era el objetivo de hoy [por ayer]”, insistió el ministro. “Nuestro objetivo era marcar las líneas generales”. Poner los cimientos de un modelo “coherente y consistente, válido para el futuro”. De ahí que en esta ocasión el Gobierno haya comenzado la negociación con un documento, y no revelando el dinero que el Estado ofrecerá a las CCAA.

Desde esa perspectiva, cobró sentido que tanto Solbes como Elena Salgado, titular de Administraciones Públicas, también presente en el CPFF, rubricaran su “satisfacción” por una reunión “útil” que ha “delimitado el terreno de juego”. Ahora comenzará una nueva ronda de contactos bilaterales y el cierre del modelo, en otoño. Para el ministro, la mayor parte de las CCAA socialistas demostraron una “posición razonablemente abierta, salvo Catalunya”. En cambio, en las del PP, dijo socarrón, encontró “de todo”.

No era gratis la asunción del abierto “rechazo” de la Generalitat. Ni se podía ocultar. Antes y durante el CPFF, el conseller de Economía, Antoni Castells, subrayó que acudía a Madrid casi de oyente. Dada la propuesta “decepcionante, insuficiente y preocupante” del Ejecutivo, consideró que lo más razonable era esperar a la reunión del lunes 28, la bilateral con Catalunya. La misma precaución expresó el ministro, que mostró su “esfuerzo por cumplir” el Estatut. No lo podrá hacer en plazo, ya que el tope del 9 de agosto queda pulverizado. Y antes de esa fecha, avanzó, “no habrá otro documento” del Gobierno. Lo que sí se ve más cerca es el acuerdo sobre la cesión de impuestos (50% para IRPF e IVA y 58% para los especiales). La negociación, pues, “no será fácil”. Desde Catalunya hay otra cortapisa: ERC avisó ayer de que no apoyará un modelo que no cuente con el plácet de CiU, informa Ferran Casas.

La crítica más abrupta, con todo, llovió desde las CCAA del PP. El madrileño Antonio Beteta exigió a Solbes que “anulara” la ayuda de 400 euros. Ayuda que en parte ya han recibido los contribuyentes.

La reunión se cerró con un acuerdo: las CCAA podrán incurrir en déficit en 2009, sin “abandonar” el objetivo de estabilidad presupuestaria. El Gobierno aprobará este mes un nuevo cuadro macroeconómico, en el que el crecimiento previsto es inferior al 2%. El desequilibrio máximo que permite la ley 8/2001, en su artículo 8, es del 1% en el Producto Interior Bruto nacional.

Fue una reunión difícil. Fuentes conocedoras de la misma llegaron a calificarla de 'dura y agria'. Tuvo lugar por la mañana en la sede federal del PSOE de la calle de Ferraz y participaron en ella los consejeros de todas las autonomías gobernadas por los socialistas. Ciertamente, no era la primera vez que, antes de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los responsables socialistas de las finanzas autonómicas hacían una puesta en común para acercar posiciones y unificar discursos. Pero sí era la primera vez que el grado de tensión fue tan manifiesto.

El encuentro, por lo demás, no era ajeno a la preocupación del Gobierno de Zapatero de que la ya de por sí difícil negociación de la financiación autonómica se complique más allá de lo razonable si cada comunidad gobernada por los socialistas hace la guerra por su cuenta. En principio todos los responsables, salvo el catalán Martí Carnicer (número dos del conseller Antoni Castells), habrían estado de acuerdo en rebajar la tensión con el Gobierno.

El consejero andaluz, José Antonio Griñán, se habría mostrado muy severo con posiciones como la de Asturias, cuyo presidente, Vicente Álvarez Areces, ha promovido un encuentro con homólogos autonómicos del PP cuyas comunidades tendrían intereses parejos a los de Asturias. También reprochó Griñán a algunos de sus compañeros que descalifiquen 'preventivamente' la propuesta del Gobierno sin conocerla en detalle, y que a su vez no hayan hecho ninguna propuesta concreta, como sí la ha hecho Andalucía. Al clima de la reunión no ayudó la notoria distancia política que separa a Griñán y al ayer ausente Castells.