La falta de consenso político vuelve a frenar las renovables en Catalunya

De forma abrupta, a última hora, el Govern de la Generalitat de Catalunya retiró del orden del día del pleno del Parlament del pasado miércoles el decreto sobre el suministro eléctrico, conocido como el Decreto de las Renovables. "Queremos explorar vías de un mayor consenso". Con estas palabras, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, justificó la decisión, después de que ERC y los Comuns –los partidos que apoyaron al PSC en la investidura de Salvador Illa– anunciaran que votarían en contra. El 'no' de los Comuns se basa en la necesidad de tramitar la normativa como proyecto de ley, lo que permitiría más modificaciones, además de aprobar el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables (Plater) en enero de 2026, reforzar la empresa energética pública y mejorar la participación local, entre otras demandas.  

Estas exigencias se producen pocos días después de que la patronal Foment del Treball entregara al president de la Generalitat, Salvador Illa, un manifiesto para garantizar el suministro energético, en el que exigía la ampliación del ciclo productivo de las centrales nucleares o el impulso efectivo de los gases renovables como el biometano o el hidrógeno verde. 

Por su parte, entidades ciudadanas como la Xarxa per la Sobirania Energètica (XSE) o la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa piden una participación más activa de la población en el desarrollo de las renovables, al tiempo que alertan de los peligros de aprobar el decreto, tal y como se presentó en el Parlament, ya que abre la puerta a la expropiación de terrenos agrícolas para impulsar macroproyectos. 

En su manifiesto, Foment del Treball reitera su compromiso con la neutralidad climática en 2050, pero subraya que este objetivo sólo será posible si se garantiza un suministro energético fiable y competitivo. Por ello, el texto propone un conjunto de medidas, entre las que destaca la ampliación del ciclo productivo de las centrales nucleares, la convocatoria inmediata de la subasta de cogeneración, la justa retribución de las redes de distribución y el impulso efectivo de los gases renovables como el biometano o el hidrógeno verde. Así, matiza que "Catalunya necesita una política energética industrial a la altura del reto que enfrentamos", añadiendo su compromiso a seguir defendiendo esta visión con rigor, diálogo y compromiso. 

Un 21,6% de la demanda eléctrica 

Desde la Xarxa per la Soberania Energètica se advierte que el Govern ha aprovechado el apagón del 28 de abril para acelerar un decreto ley que incluye el almacenamiento en la normativa y desarrollar el despliegue de las renovables. De hecho, la XSE recuerda que, en 2024, las renovables cubrieron sólo un 21,6% de la demanda eléctrica catalana. Al mismo tiempo, el pasado año Catalunya tuvo que importar un 12,8% de su demanda eléctrica, el porcentaje más alto de los últimos 15 años. 

La entidad cree que "mientras se prioriza este decreto ley, quedan en segundo plano otras herramientas fundamentales, como la publicación del Plater, indispensable para una planificación energética territorial participada y justa". Además, uno de los cambios importantes incluidos en el decreto ley, que pretende acelerar el despliegue de las renovables, es el recorte en los plazos de información pública y de observaciones por parte de los ayuntamientos, limitando la capacidad de acción de las organizaciones que ponen en el centro la participación ciudadana. 

A pesar de defender el incremento del presupuesto para la Energética, la empresa energética pública de la Generalitat, la XSE muestra su preocupación por que “el impulso de la titularidad pública no vaya acompañado de una verdadera participación democrática en los procesos de decisión y autorización de proyectos”. 

Espacios agrícolas, en peligro 

La portavoz de la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa, Montse Coberó, muestra su satisfacción por que “la presión popular haya logrado que se paralice la aprobación del decreto”. De hecho, la Xarxa, que agrupa a un centenar de entidades de toda Catalunya, se manifestó a las puertas del Parlament en el momento en que se estaba debatiendo la normativa. Coberó precisa que "el nuevo Plater debería priorizar la instalación de renovables en espacios y suelos degradados, ya que hasta ahora se está apostando por las tierras agrícolas. Si los nuevos proyectos aprovecharan los espacios antropizados, se evitaría la destrucción de 80.000 hectáreas de cultivos". 

En el momento de presentarse el decreto, la Xarxa alertó de que el nuevo marco legal permitirá expropiar terrenos agrícolas "para impulsar macroproyectos y que esto afectará "a la biodiversidad y al futuro del país". La entidad afirma que “el decreto representa un grave empeoramiento en la construcción de un modelo energético justo, sostenible y arraigado en el territorio". Así, plantean que la normativa "quiere dar respuesta a intereses económicos y políticos" que "no tienen que ver con la transición energética justa que reclaman". 

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Tanto la XSE como la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa proponen que el futuro decreto de las renovables debería poner en la cúspide la pirámide, la protección de hábitats, especies amenazadas, suelos agrícolas, paisajes y los derechos de los propietarios expropiados. En cambio, en la práctica se reducen aún más las trabas burocráticas y las garantías ambientales. Además, consideran insuficientes las medidas compensatorias previstas en estos casos. Sin embargo, urgen a la aprobación del Pla Territorial de les Energies Renovables (Plater) que debe permitir ordenar y equilibrar la transición energética en Catalunya.