El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, declarará este viernes desde su despacho en el Congreso como testigo en la causa penal por la gestión de la DANA, mientras sigue vivo el recurso presentado por una de las acusaciones particulares para que lo hiciese en el juzgado de Catarroja o en cualquier otro cercano al domicilio del líder del PP.

Este recurso, interpuesto por el abogado de Algemesí Ximo Esteve, ha sido trasladado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal este mismo jueves, y da un plazo de dos días hábiles para la presentación de alegaciones. Sin embargo, Feijóo está citado a declarar este viernes a las 9.30 horas.

La jueza accedió el pasado 29 de diciembre a que Feijóo pudiese declarar de forma telemática desde el Congreso. El líder del PP esgrimió el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a representantes políticos declarar desde el despacho o en la sede del órgano del que sean miembros.

En respuesta a esta petición, la jueza recuerda que otros testigos que "ostentan idéntico privilegio", como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, acudieron a declarar de forma presencial, y que "efectivamente se han producido desplazamientos desde lugares más lejanos, y peor comunicados".

Sin embargo, la instructora señala que "esta juez no puede sino acceder a la petición formulada, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo", si bien recordó al líder popular que podría optar por acudir a declarar de forma presencial en la fecha señalada.

El letrado Ximo Esteve, autor del recurso, consideró que la petición de Feijóo de testificar de forma telemática "no se fundamenta en causa objetiva alguna que impida o dificulte su comparecencia presencial, ni por razón de salud, ni por imposibilidad material, ni por riesgo personal, ni por circunstancia excepcional debidamente acreditada".

Apuntó en su recurso que declarar desde un despacho político por vía telemática "debilita objetivamente la capacidad de valoración judicial, especialmente en una fase de instrucción orientada al esclarecimiento pleno de los hechos".

A su juicio, eso impide además al órgano judicial "controlar adecuadamente" el entorno físico del testigo, la ausencia de apoyos o interferencias y las condiciones de espontaneidad del acto testifical, un control que Esteve considera que "solo puede garantizarse plenamente en sede judicial".