Fernández Díaz recurre a CiU y PNV para justificar la Ley de Seguridad Privada

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha respondido a las críticas contra la Ley de Seguridad Privada asegurando que es un texto consensuado y apoyado por CiU y PNV. Estas formaciones "tienen sus propias policías autonómicas", ha afirmado, confundiendo de este modo a estos partidos con la institución. Por lo tanto, ha aseverado que ellos "conocen las necesidades actuales en materia de seguridad", restringiendo así este ámbito a fuerzas políticas conservadoras, ya sean españolas o nacionalistas. 

Fernández Díaz se ha expresado así en un desayuno informativo organizado por Europa Press en el Hotel Villa Magna de Madrid en el que se han dado cita grandes de las figuras del Partido Popular y altas autoridades del Estado. Alberto Ruiz Gallardón, González Pons, Javier Arenas, Cospedal, Sánchez Camacho, Cristina Cifuentes, Arantza Quiroga y Cristina Cifuentes son algunos de los que han acudido a arropar al ministro de Interior peor valorado de la democracia. Sin duda, las concertinas de Melilla, la aprobación de la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana y su acción al frente de un ministerio clave en el momento histórico en el que ETA avanza hacia su disolución, le han costado repetidas críticas desde distintas partes de la arena política. 

Respecto a la potestad que van a tener los guaridas privados contratados por empresas para registrar, identificar y detener a ciudadanos en la vía pública, la medida que más controversia está causando, el ministro se ha limitado a afirmar que "cualquier ciudadano tiene ya la obligación de ayudar a las autoridades cuando una persona está cometiendo un delito flagrante" y, así, los guardias contratados por las empresas necesitan una cobertura legal para actuar. 

Ha reconocido que ahora las empresas "van a tener nuevos espacios de actuación", aunque se ha jactado de que "lo único que se hace es regular lo que ya era una realidad", pues, efectivamente, los agentes de seguridad privada ya están ejerciendo las labores "de forma alegal" y que ahora tienen asignadas por ley. No se ha referido a uno de los aspectos más controvertidos, como es el hecho de que a partir de ahora habrá presencia de vigilantes privados en las inmediaciones de los centros penitenciarios, función que hasta ahora tenían asignada la Policía Nacional.

Aún así, ha dicho que "el texto no dice que los agentes vayan a cumplir labores policiales como han dicho muchos medios de comunicación" y que "decir que se privatiza la seguridad y que a partir de ahora vamos a ver vigilantes privados en vez de agentes de Policías por las calles es falsear la realidad". A continuación, Fernández Díaz ha comentado que España es uno de los países de la Unión Europea que menor número de vigilantes privados tiene por habitante y, por contra, de los que más agentes de Policía tiene. 

En cuanto a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la ya denominada por muchos como Ley Mordaza, el ministro se ha limitado a comprarla con la vigente Ley del Deporte, que ya contemplaba castigos y fórmulas similares a las que recoge el actual texto referido al orden público. De esta forma, se ha preguntado "¿por qué merecen más protección los ciudadanos que aquéllos que salen a la calle?"