@patricialopezl

MADRID-. Han pasado dos años desde que Francisco Nicolás Gómez Iglesias fuera detenido por hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o miembro de Casa Real, de vicepresidencia del Gobierno o de la Oficina Económica de Rajoy para ejecutar sus presuntas estafas a empresarios y tan sólo unos meses desde que dijera en un programa de televisión y una entrevista que "el fiscal no va a acusar". 

Dos procedimientos contra él y cuatro piezas separadas después –donde se le imputan delitos que van desde la usurpación de funciones públicas a la falsificación documental–, "parece que el presunto estafador llevaba razón, porque el fiscal acaba de decidir que no tiene suficientes pruebas para acusar y también quiere disolver la comisión judicial con lo que podría echar al traste toda la causa", explican varias acusaciones. 

En este tiempo, el fiscal Alfonso San Román no ha apoyado la mayoría de diligencias propuestas por las acusaciones ni por la comisión judicial, y tampoco ha asistido a muchas de las declaraciones. Pero en su último escrito asume además las tesis de la defensa del pequeño Nicolás y asegura que no hay suficientes pruebas para acusar al presunto estafador ni a sus amigos de la Policía Municipal madrileña, aunque el juez había decidido enviar ya a la Audiencia Provincial una de las causas instruidas contra él. ​

El viaje a Ribadeo

En concreto San Román se refiere al procedimiento abierto contra Gómez Iglesias y sus compinches, el cabo Jorge González Hormigos y Felipe Gallego, por viajar a la localidad gallega de Ribadeo para entrevistarse con el presidente de ALSA, Jorge Cosmen, y ofrecerle un negocio en nombre del rey Felipe VI.

En julio, el juez Arturo Zamarriego dictó el auto para que una de sus causas sea ya juzgada en la Audiencia Provincial de Madrid y las acusaciones tuvieron pruebas suficientes para acusar y solicitar hasta 11 años de prisión para el pequeño Nicolás y sus amigos de la Policía Municipal. Pero el fiscal no se había pronunciado en octubre y la finalidad de su escrito es, según las acusaciones consultadas, "paralizar el procedimiento hasta que se resuelva la solicitud de disolución de la comisión judicial que han solicitado las defensas de los imputados y el propio fiscal, aunque todas las acusaciones nos oponemos". 

El informe de los investigadores fue presentado al procedimiento en diciembre de 2015 y, en febrero de 2016, el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 decidió sacarlo de la causa general y abrir un nuevo número de diligencias para el viaje a Ribadeo. Ese mismo mes los investigados (antes imputados) tuvieron que ir a declarar, "pero San Román no asistió, aunque sí se presentó a las que había ese mismo día en la pieza secreta sobre la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos. Si hubiera hecho su trabajo, habría solicitado pruebas, pero se ha negado a la mayoría de las que hemos pedido el resto de acusaciones. Al menos, habría interrogado a los imputados", explica indignada una de las letradas.  

Con las tesis de la defensa

Como expone el propio fiscal en su escrito, a principios de año la defensa de Francisco Nicolás recurrió la decisión del juez de abrir este nuevo procedimiento pero la Audiencia Provincial desestimó su recurso y avaló así la actuación del juez Zamarriego. 
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Sin embargo, el fiscal San Román, que ya se adhirió a esta solicitud de la defensa, vuelve a traer a debate el asunto alegando que la Audiencia Provincial rechazó el recurso "sin entrar al fondo de la cuestión". En septiembre, el fiscal y la defensa volvieron a repetir su intento de anulación del procedimiento pero Zamarriego les respondió en un auto: "La Audiencia Provincial ya decidió sobre el asunto y el auto en su día dictado es firme". 

No es el único acto sorprendente para el resto de la partes consultadas que está llevando a cabo el Ministerio Público personado en el caso Nicolás. También está apoyando las solicitudes de las defensas de los imputados en la pieza separada por la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos, así como las acusaciones del ex número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, contra los investigadores del caso.