El fiscal del 9-N insiste en que "no se persigue ni se juzga a la democracia"
Emilio Sánchez Ulled afirma que en el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014, bajo la actuación de los voluntarios, se escondía la vulneración de un mandato del Tribunal Constitucional. "Un acto político puede ser perfectamente constitutivo de delito", ha asegurado.
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BARCELONA. El fiscal que lleva el caso en el juicio al ex-President de la Generalitat Artur Mas y las ex-consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, Emilio Sánchez Ulled, ha insistido, en la última sesión de la vista en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la consulta del 9 de noviembre de 2014, en que no se juzga lo que ocurrió ese día si no si hubo o no desacato del mandato de actuación cautelar del Tribunal Constitucional.
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En relación al President Mas ha afirmado que "articuló una estrategia de desafío abierta de lo dictado por el Tribunal Constituciona,l con la participación directa de las dos acusadas", Rigau y Ortega.
La Generalitat, según ha explicado el fiscal, siguió con la organización de la consulta "desde el segundo del 4 de noviembre", fecha en la que se produjo la comunicación de suspensión por parte del TC. "Eran conscientes del mandato del TC, de lo que implicaba, y los acusados decidieron prescindir caprichosamente", ha insistido, ylo ha ejemplificado con el uso de la página web, la apertura de centros escolares como espacios de votación o la campaña de publicidad institucional.
"Mas no se esconde", argumenta su defensor
"No se puede desobedecer si no se es requerido", ha afirmado Xavier Melero, abogado defensor del ex-presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ha basado la exposición de sus conclusiones en la idea de que el Tribunal Constitucional no utilizó ninguno de los mecanismos para dar eficacia a sus resoluciones.
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"El gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados"
Las palabras de Jordi Pina han sido seguramente las más duras del conjunto de intervenciones de la defensa de los abogados. Ha dicho textualmente, que a pesar de lo que pueda haber dicho el fiscal en torno a la independencia del ministerio público, "el gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados".