@patricialopezl

MADRID-. Una de las principales misiones del nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín, será llevar la iniciativa del Gobierno contra el soberanismo catalán. Según ha explicado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, lo hará sin dejarse presionar por el Gobierno y defendiendo su independencia.

Sin embargo, sus relaciones con la sociedad Schola Iuris, denunciadas en 2012 y 2014, han hecho dudar al diputado de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem, Jaime Moya, porque el dueño de esta entidad, el psicólogo Ángel Benseny Pellicer, es a su vez socio de dos de las personas de confianza del comisario José Villarejo –el abogado Rafael Redondo y el policía en segunda actividad, Antonio Giménez Raso–, todos ellos relacionados con la Operación Cataluña y el dudoso informe de la UDEF sobre la familia Pujol. 

CENYT ARGO

Aunque Maza ha asegurado que su actividad en Schola Iuris acabó en 2005, lo cierto es que todavía puede verse su nombre entre los profesores de máster junto con otros magistrados como Manuel Marchena o el ex fiscal jefe de Madrid y posible nuevo fiscal Anticorrupción, según desvelan algunas fuentes a Público, Manuel Moix; incluso con el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera, participe también en la Operación Cataluña durante su etapa como jefe de la UDEF. 

Ángel Benseny es apoderado, consejero y secretario desde 2011 –es decir, antes de que se iniciasen las curiosas investigaciones de Villarejo sobre los Pujol– de la sociedad CENYT ARGO junto con el abogado Rafael Redondo, socio del comisario y la persona que acompañó a la examante de Jordi Pujol Ferrosula, Victoria Álvarez, y a Javier de la Rosa a declarar ante la UDEF que dirigía Olivera. 

En esa sociedad también se encuentra el policía en segunda actividad, Antonio Giménez Raso, conocido como El Bigotes dentro del sector de los detectives privados, y que fue procesado y dos veces absuelto por su relación con la Operación Puerto de Barcelona, donde se investigó la relación entre narcotraficantes y miembros de la Policía y la Guardia Civil. Giménez Raso estuvo un tiempo encarcelado por este motivo, pero la Audiencia Provincial le absolvió y aunque la Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión, el Tribunal Supremo volvió a absolverle. ​

Maza se desmarca de Schola Iuris

Sin embargo, José Manuel Maza se ha desmarcado de su relación con la empresa asegurando que siempre ha tenido "una enorme vocación docente" y ha reconocido haber tenido una “frenética actividad” divulgativa, al tiempo que desmentía toda vinculación con las empresas de formación jurídica: “Yo me limito a dar mi clase, en muchísimas ocasiones sin cobrar”.

Según la denuncia que interpusieron en 2012 un grupo de reputados juristas, por el máster de Derecho Penal de Schola Iuris se "pagan por matrícula 14.000 euros". Maza Martín también fue profesor del Curso de Derecho Penal En Genética y Nuevas Tecnologías que ofertaba esta entidad.

En 2004, tras el Primer Congreso Mundial de Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en el Estado de Chihuahua, el ahora fiscal general logró que las autoridades judiciales de México promocionaran este curso entre los estudiantes de Derecho.

Además, otro de los reproches que miembros de la judicatura hacen a Manuel Maza es su manga ancha con la corrupción policial y la prostitución.