El fiscal pide 2,8 años de cárcel para el empresario que destruyó el principal yacimiento neolítico español

ZARAGOZA .- “Quede claro que la destrucción de la cueva de Chaves entra de lleno en el concepto de pérdida de valor incalculable”, señala la letrada del Gobierno de Aragón en el escrito por el que reclama una indemnización de 50,98 millones de euros al empresario Victorino Alonso y se adhiere a la solicitud de dos años y ocho meses de prisión formulada por el fiscal.

El magnate leonés del carbón, que se desvincula de los hechos y pide su absolución, está citado para sentarse a partir de hoy en el banquillo del juzgado de lo Penal de Huesca, acusado de un delito contra el patrimonio y otro de tipo ambiental como presunto responsable de la destrucción de ese yacimiento del prepirineo, considerado el principal del periodo neolítico de la península –junto con la Cova d’Or de Alicante– y transformado en un establo rupestre tras utilizar parte de su suelo y sus rocas para, según señala la investigación, represar barrancos y habilitar caminos en una finca situada en el corazón del parque natural de la Sierra de Guara.

La cueva de Chaves es un abrigo rocoso de 3.000 metros cuadrados orientado hacia el levante y localizado en el barranco de Solencio, en el llamado coto de Bastarás, dentro del municipio oscense de Casbas y del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Dotado con un microclima, comenzó a ser habitado en el séptimo milenio a. C. y permaneció ocupado hasta la edad de bronce, lo que lo convierte, con casi cinco milenios, en uno de los lugares de asentamiento humano más prolongado de toda la península ibérica.

Para Juan Luis Arsuaga, director junto con José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell de la excavación de Atapuerca (Burgos), cuyos investigadores también han trabajado en Chaves, este era “un yacimiento de referencia en los estudios arqueopaleontológicos en la península ibérica y en Europa”, tan importante en cuanto a la vida cotidiana prehistórica como la cueva burgalesa lo es para los ritos mortuorios, algo similar a lo que Altamira supone para el paleolítico y fundamental para obtener información sobre la fauna de aquellas épocas.

Datada desde la primera mitad del siglo XIX, la cueva, declarada Bien de Interés Cultural autonómico en 2003 e incluida en el entorno del arte rupestre mediterráneo –patrimonio de la humanidad de la Unesco-, comenzó a ser excavada en 1970, aunque los arqueólogos solo han llegado a trabajar en 110 de sus 225 metros de profundidad. Casi cuatro décadas después, en 2007, las máquinas, sin permiso de la comunidad autónoma, excavaban con profundidades de hasta tres metros y medio en una franja de 175 de la que fueron extraídos 2.247 metros cúbicos de tierra y rocas, casi la mitad de ellos -1.017- de valor arqueológico, señala el ministerio público.

El principal yacimiento europeo sobre la fauna neolítica, y uno de los más importantes sobre la vida del hombre en esa época, pasaba a albergar un establo rupestre mientras sus sedimentos y restos terminaban esparcidos, y utilizados como material constructivo, en varias zonas de la finca.

La Fiscalía narra cómo en 2007 la finca de Bastarás era propiedad de una empresa llamaba Fimbas, en la que, pese a no ser su administrador, Alonso era “la persona que adoptaba todas las decisiones”, como también ocurría en otra llamada Ferpi y dedicada a la maquinaria pesada. A través de ellas, añade, “dio orden” de realizar esas obras, que provocaron “una afectación irreversible al yacimiento” que valora en 14,31 millones de euros, cifra que reclama, con ambas sociedades como responsables subsidiarias, como indemnización para el Gobierno de Aragón.

Apudepa (Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) eleva la petición de condena para Alonso a tres años, más una multa de 292.000 euros, 50 millones de indemnización a cargo del empresario y sus sociedades y la obligación de costear la recuperación del material que sea posible.

Ecologistas en Acción eleva la petición de condena a seis años de cárcel al sumar un delito ecológico al patrimonial. Los conservacionistas, representados por el letrado Pablo Malo, sostienen que las obras provocaron, además de los daños arqueológicos, “una alteración de la cueva y de todo el paraje natural protegido”, junto con otras perturbaciones en las zonas en las que fueron depositados los sedimentos y las rocas de la cueva.

Esta entidad, que sostiene que las obras tenían una finalidad lucrativa relacionada con la explotación de la finca como coto de caza –fue clausurado tras detectar en él varios ejemplares de arruí o carneros de berbería, una cabra catalogada como especie invasora-, reclama, además de sumarse a la solicitud indemnizatoria de los 50 millones, que el empresario y las dos sociedades asuman el coste de reparar los daños en el parque natural.

“¿Cómo se valora algo así? ¿Por el conocimiento que nunca llegaremos a tener?”, plantea el ecologista Chesús Ferrer. Algo similar pone sobre la mesa el Gobierno de Aragón, que basa su reclamación en el informe pericial que elaboró Vicente Baldellou como director del Museo de Huesca, y que incluye conceptos como “el coste de la información perdida”. No obstante, la comunidad acepta como alternativa la indemnización de 14,3 millones.

La defensa de Alonso, por su parte, niega que este tenga nada que ver con los hechos, rechaza que gestionara la finca, asegura que era “total desconocedor de la importancia de la cueva” y destaca que no existían medidas legales ni físicas de protección de la cueva como vallas y otros elementos. Sin embargo, admite que hubo daños aunque cifra su valor en 810.130 euros. Fimbas se pronuncia en el mismo sentido.