MADRID.-  Las asociaciones de fiscales se han dirigido a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, para que resuelva una incógnita: qué medidas se van a adoptar con el fin de que puedan cumplir con lo dispuesto por la última reforma del PP, la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita a 6 meses el plazo de instrucción de los casos penales, prorrogables a 18 meses si son complejos.

La pregunta va al meollo del problema: la reforma aprobada por el Parlamento prohíbe expresamente que se dote de presupuesto alguno para aplicar lo dispuesto en ella. Pero, al ser una reforma procesal, se aplica a todos los casos que están vivos en los juzgados.

El plazo fijo de 6 meses de tiempo de instrucción corre a favor de los encausados mientras los fiscales tendrán que revisar, carpeta por carpeta, si deben o no prorrogar el tiempo máximo de instrucción.

Se desconocen qué recursos humanos y materiales se adoptarán para que se cumpla la ley.  Esta es la causa por la que las asociaciones tilden la reforma como toda una ley de punto final que beneficia los casos de corrupción y los delitos económicos, que con complejos de instruir.

Los fiscales calculan que deberán revisar 700.000 causas penales que están vivas en los juzgados y tribunales, cuando el sistema informático de la Fiscalía no tiene conexión con el sistema de gestión procesal de los juzgados. Esto es, los fiscales tienen los casos numerados, pero deben preguntar juzgado por juzgado si quieren revisar su contenido. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, rebajó la revisión a 350.000 causas, para 2.500 fiscales que hay en ejercicio, mientras el tiempo corre a favor del encausado.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) piden a Consuelo Madrigal en una carta que les facilite los informes que existan en esa Fiscalía General del Estado "sobre la carga de trabajo real de cada Fiscalía y su equitativa distribución entre los Fiscales que la integran", y que se les indique con qué estándares se mide la carga de trabajo de cada fiscal.

Las dos asociaciones requieren también a Madrigal que les informe del número de funcionarios que estima que como mínimo debe colaborar con cada Fiscal "tanto para el trabajo general como para las especialidades y si se han dado órdenes a las Jefaturas para que se asignen estas funciones en cada oficina de Fiscalía".

Igualmente, quieren conocer los avances que de forma inmediata se vayan a hacer en el sistema informático de la carrera fiscal -denominado 'Fortuny'- para que puedan revisar los plazos de instrucción de cada causa penal abierta.

UPF y APIF recuerdan que desde hace más de cinco años se viene reclamando que este sistema mismo cuente con modelos que faciliten el trabajo en materia de ejecución de sentencias "sin éxito alguno al respecto".

En este punto, solicitan también conocer cuáles serán las herramientas informáticas, "tanto para el control de los plazos de la instrucción como para el acceso virtual a todo cuanto se tramite en el Juzgado cuyo despacho tenga cada Fiscal encomendado".

Reclaman asimismo datos sobre los aumentos de plantilla que prevé realizar Madrigal "en un corto espacio de tiempo para poder suplir los déficits estructurales de las Fiscalías", además de información sobre los fiscales sustitutos y número de funcionarios que vayan a solicitarse en cada Fiscalía al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas en para dar debido cumplimiento a sus funciones.