La Fiscalía abre causa a funcionarios de Puertos y pide investigar los negocios de la familia que ocupa la Isla de Benidorm

El fiscal Ricardo Calatayud, adscrito a la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante, ha anunciado la apertura de las Diligencias de Investigación Penal 4/2017 en relación a la denuncia presentada por la asociación de pequeños empresarios de actividades náuticas y turísticas Costa Blanca Marine ─que consta de 25 páginas─ por posibles delitos contra el medio ambiente “derivados de la explotación del restaurante 'Illa de Benidorm', sito en la isla de la citada localidad, así como otros posibles delitos derivados de la explotación del servicio de barcos de transporte hasta la citada isla, y contra la Hacienda Pública”.

En este sentido, el fiscal informa de que se da traslado el texto a la Guardia Civil para que el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) investigue los hechos denunciados; en concreto “sobre si tienen constancia de la existencia de vertidos contaminantes derivados del restaurante Illa de Benidorm, realizando una inspección del lugar”. Asimismo, el fiscal requiere al SEPRONA para que informe “si tienen constancia de la realización de alguna construcción en el territorio de la isla en los últimos cinco años por los propietarios del restaurante”.

Pieza separada contra los funcionarios

Respecto a la denuncia presentada por los servicios jurídicos de Costa Blanca Marine contra la actuación de los funcionarios de Puertos y Costas de la Generalitat Valenciana y “sus cuestionables decisiones adoptadas”, el fiscal acuerda “deducir testimonio para la apertura de diferentes diligencias de investigación en esta misma Fiscalía de Benidorm-Denia, puesto que los hechos expuestos no guardan conexión con los supuestos delitos contra el medio ambiente denunciada en los primeros apartados, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 LEcrim, y parece atribuirse a diferentes sujetos, por lo que resulta conveniente la investigación separada de los mismos”.

Este apartado de la denuncia de la asociación empresarial que se convierte en pieza separada y que investigará otro fiscal, apunta directamente al celador del Puerto de Benidorm, Fernando Piris; al ingeniero técnico Responsable de los Puertos de Alicante, Agustín Lloret; y al jefe de Explotación de Puertos de la Generalitat Valenciana, Julio Mariano Marín Sánchez. Todos ellos en activo en sus cargos desde 1995, cuando Julio Marín fue nombrado a dedo en el cargo por el conseller de Obras Públicas Fernando Cartagena, bajo el gobierno autonómico del PP presidido por Eduardo Zaplana.

Un monopolio de adjudicaciones e impunidad

En su denuncia, Costa Blanca Marine apunta al carácter monopolista de las adjudicaciones de rutas y servicios en el Puerto Comercial de Benidorm. Adjudicaciones que han permanecido en manos de las mismas personas desde hace medio siglo a pesar de la caducidad límite legal, sin que se haya abierto concurso público alguno para su renovación. Precisamente uno de esos intocables ha sido el empresario José Cervera, el ocupante de la isla, emparentado a través de su mujer con Eduardo Zaplana, con quien el patriarca guarda una estrecha amistad.

La estructura ejecutiva funcionarial de Puertos permanece inalterable desde los últimos 22 años, lo que ha permitido a unos pocos vivir en una eterna primavera. Entre los “hombres” de Julio Marín se encuentra también Gustavo González, el ingeniero técnico de Obras Públicas del Área de la Nao, contra el que pesa una denuncia por prevaricación presentada hace dos semanas por el Real Club Náutico de Denia, “al bloquearnos unos trabajos de mejora millonarios que, tras ser autorizados, fueron paralizados verbalmente, sin comunicación oficial alguna que nos permitiera recurrir o subsanar en su caso por la vía administrativa, generándonos una grave e injustificada indefensión”, según informó a AIP-Agencia, Jaime Portolés, presidente del Club.

Para Portolés, “el ingeniero estaba haciendo una persecución al RCN y por ello se le denunció por presunta prevaricación ya que actúa como un cacique, no nos da la posibilidad de subsanación ni nos dice a qué organismo dirigirnos. Por esta denuncia se piden entre 9 y 15 años de inhabilitación”.

En términos similares denuncia la asociación a los funcionarios de Puertos, e incluso apuntan a la propia subdirectora general de Puertos, Aeropuertos y Costas de la Generalitat Valenciana, Pilar Álvarez Montero, “cuyos escritos dirigidos a los usuarios de servicios en Benidorm, Calpe y otros lugares de la costa nos generan indefensión al imposibilitarnos la vía del recurso administrativo antes las órdenes imperativas. Por esa razón nos hemos visto obligados a dar trasladado a la Consellería de Transparencia de una denuncia, junto a una importante base documental, que acredita este injustificado e ilegal modo de actuación”, señalan los servicios jurídicos de la asociación empresarial.

Delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social

Sobre la denuncia presentada en relación a la comisión de supuestos delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, el fiscal entiende que no se han podido aportar indicios suficientes para iniciar un proceso de investigación. No obstante, el fiscal acuerda remitir la denuncia y los documentos aportados a la Agencia Tributaria para que procedan en su caso a realizar una investigación por posible infracción fiscal por las recaudaciones del restaurante ilegal de isla y por la situación de sus trabajadores.

Inspección de Medio Ambiente

Mientras la Fiscalía acordaba sus actuaciones tras la denuncia presentada en diciembre pasado, la presidencia de la Generalitat Valenciana daba un paso hacia delante. La Dirección General de Medio Ambiente, “siguiendo instrucción de la presidencia autonómica, ordenó la inspección de la Isla de Benidorm para emitir un informe en relación a la denuncia presentada por Costa Blanca Marine”, según informó a Público su responsable Antoni Marzo.

Los inspectores visitaron la isla el pasado sábado por la mañana para trabajar sobre el terreno, con la misión de determinar la legalidad de las construcciones que allí se encuentren, localizar incidencias y también delimitar competencias. El informe se conocerá en los próximos días.

Esta inspección es consecuencia directa de las preguntas parlamentarias planteadas la semana pasada, en Les Corts Valencianes, por la diputada de Compromís Graciela Ferrer, quien planteó al Consell varias cuestiones acerca de las ilegalidades detectadas en esta isla integrante del Parc Natural de Serra Gelada.

La portavoz de Compromís en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio pidió explicaciones al gobierno autónomo acerca de las autorizaciones o permisos que “debería contar una actividad económica de hostelería (concretamente de restauración) para poder desarrollarse en un espacio protegido como la isla de Benidorm”, dándose por enterados que tales actividades se están desarrollando y que además —según se ha denunciado— son incompatibles con la protección del medio natural y del patrimonio natural protegido.

Asimismo, la portavoz de Compromís se hizo eco de una información de Público del 25 de septiembre donde se daba cuenta de una investigación abierta por la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y vertebración del territorio acerca de diversas denuncias de irregularidades presuntamente cometidas por funcionarios autonómicos en el Puerto de Benidorm. Graciela Ferrer ha pedido al Consell el estado de dicha investigación y si ya tienen conclusiones.

Los concejales de Compromís-Els Verds en el Ayuntamiento de Benidorm, Josep Bigorra y Juan García, fueron parte activa en la obtención de información acerca del problema denunciado por el grupo parlamentario en su territorio. Para Bigorra “tanto quienes mandan en el Ayuntamiento de Benidorm en estos momentos, el PP, ni el anterior gobierno municipal del PSOE ─dada cuenta que llevamos sin abordar este problema al menos desde 2005─ no tienen interés alguno en ayudar a resolver este problema de la ocupación ilegal de isla y de los negocios del señor Cervera. Aquí todos tienen muchas cosas que callar y muchos intereses económicos cruzados que proteger y los expedientes del tema Isla están plagados de irregularidades”.