MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido al tribunal que condenó al candidato de Bildu a lehendakari, Arnaldo Otegi, por intentar refundar Batasuna a través de Bateragune, un escrito en el que le reclama que envíe a las Juntas Electorales vascas la sentencia, para que estas "cumplan de forma imperativa" la resolución que le mantiene inhabilitado hasta el 28 de febrero de 2021, han informado a fuentes fiscales.

El departamento dirigido por Javier Zaragoza defiende que la condena por pertenencia a organización terrorista convierte a Otegi en "inelegible". Fue condenado a 10 años de prisión y a dos inhabilitaciones, una especial para empleo o cargo público y otra de inhabilitación especial para el sufragio pasivo. Posteriormente, el Tribunal Supremo mantuvo en 2012 ambas inhabilitaciones aunque las redujo a una duración de seis años y medio.

La fecha de inicio del cómputo de esta condena no arrancó hasta septiembre de 2014, día siguiente a que cumpliera la pena de inhabilitación absoluta impuesta en un procedimiento anterior, su participación en 2005 en el homenaje al miembro de ETA José María Sagarduy en el municipio vizcaíno de Amorebieta.

Casos distintos

La Fiscalía asegura que el caso de Otegi es distinto al del parlamentario vasco de la misma formación Iker Casanova, condenado en el caso Ekin por pertenencia a organización terrorista, contra el que pesaba una inhabilitación especial para empleo o cargo público. En esa ocasión afirman que en la sentencia no se detallaron los puestos a los que no podía acceder, cosa que no sucede con el líder de la izquierda abertzale, excarcelado en marzo.

"La pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo que le fue impuesta le impide ser elegido en cualquier proceso electoral, sea europeo, nacional o autonómico provincial o local, y la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público le impide ejercer cualquiera cargos públicos restantes aunque no se hayan precisado en la sentencia", defiende.

"Hay argumentos para sostener la postura de EH Bildu"

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, cree que, en principio, es aplicable a Otegi la inhabilitación para el ejercicio de derecho a sufragio pasivo a la que le condenó la Audiencia Nacional. No obstante, considera que "hay argumentos para sostener la postura de EH Bildu" de que no se le puede impedir concurrir a los comicios, y ha afirmado que será el Tribunal Constitucional el que tenga "la última palabra". En este sentido ha asegurado que, en derecho, "nada es blanco y negro" sino sujeto a interpretación, aunque "a veces genere inquietud".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Calparsoro ha estimado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional "se ha adelantado" al remitir al tribunal que condenó al candidato de Bildu a lehendakari, Arnaldo Otegi, un escrito en el que le reclama que envíe a las Juntas Electorales de Euskadi la sentencia para que estas "cumplan de forma imperativa" la resolución que le mantiene inhabilitado hasta el 28 de febrero de 2021.

En este sentido, ha recordado que "todavía las candidaturas no se han presentado". "Es verdad que se han anunciado ya públicamente y, de alguna manera, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se adelanta ante lo que ha sido anunciado para que, "dado que se trata de ejecutar una sentencia que se dictó por ese Tribunal, se dé aviso a la Junta Electoral competente para que tenga en cuenta la condena".

El Fiscal Superior del País Vasco hizo público este pasado jueves un comunicado en el que aseguraba que "comparte y asume las iniciativas y actuaciones" que emprenda la Audiencia Nacional sobre la candidatura a lehendakari por EH Bildu de Arnaldo Otegi, en cumplimiento y ejecución de la pena de inhabilitación impuesta al exportavoz de Batasuna por el 'caso Bateragune'.

Juan Calparsoro ha recordado que, con anterioridad, habló con el Fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que le comunicó que "había presentado un escrito ante la propia Audiencia", y la intención era que "no hubiera confusiones sobre la postura del Ministerio Fiscal, dado que es un órgano que tiene que regirse por el principio de unidad de actuación".

"Lo que hago yo es aclarar ese extremo. Es decir, que, en este momento, la Fiscalía competente para intervenir es la Audiencia Nacional. Por lo tanto, nosotros, en este momento, no tenemos nada que decir, más allá de asumir las iniciativas que adopte la Fiscalía y, después, lo que resulte de las decisiones judiciales", ha precisado.