Las cloacas de InteriorPodemos, ERC y PDeCAT piden que la Fiscalía investigue las 'cloacas' de Interior

Los grupos parlamentarios Unidos Podemos-En Conmú Podem-En Marea, ERC y Mixto, éste a través del PDeCAT, piden la remisión de las conclusiones de la comisión parlamentaria de investigación sobre el uso partidista de los recursos del Ministerio del Interior bajo el mandato del exministro Jorge Fernández Díaz a la Fiscalía General del Estado por entender que se desprende la comisión de presuntas actividades delictivas.

La comisión celebra este jueves su última reunión en la que, previsiblemente, deberán alumbrarse las conclusiones en base a las propuestas de resolución aportadas por los diferentes grupos parlamentarios que han ido haciendo públicas en los últimos días. En principio, este cónclave es la última oportunidad que tienen los comisionados para redactar las resoluciones finales, según la propuesta realizada por su presidente, Mikel Legarda, del PNV, antes de que acabe el plazo de actividad de la comisión, el próximo día 31.

Una amplia mayoría, salvo el PP y Ciudadanos, considera “probado” que en el Ministerio del Interior, bajo el mandato de Fernández Díaz, se creó y actuó una unidad denominada “policía política” o “patriótica” con el propósito de realizar actuaciones tendentes a perjudicar a adversarios políticos del PP y del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Esta conclusión, con un amplio abanico de percepciones, puede considerarse como el denominador común de los principales grupos de la oposición –socialista, Unidos Podemos, ERC, PNV y Mixto-PDeCAT–, según recogen en sus respectivas conclusiones. Todas estas formaciones consideran, además, que este hecho supone una vulneración de los principios de un Estado de derecho.

Como responsable de esta trama, definida como “las cloacas de Interior”, se identifica al exministro del departamento, que se ayudó de altos funcionarios policiales como el director adjunto operativo, DAO, el comisario Eugenio Pino, su jefe de gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, y otros polémicos comisarios como José Manuel Villarejo y Marcelino Martín-Blas.

Se considera, además, que el ex director general de la Policía, el actual senador territorial por Castilla y León Ignacio Cosidó, estuvo al tanto de esta trama. También participó el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso, especialmente en la elaboración de una estrategia para combatir el proceso soberanista en Catalunya y sus promotores.

Asimismo, se afirma en las conclusiones de estos grupos parlamentarios que esos efectivos policiales, “al margen del catálogo orgánico” del Ministerio del Interior, realizaron numerosas actividades para crear informes, dosieres y noticias falsas para atentar contra el crédito de otras formaciones políticas.

Entre las actuaciones identificadas figuran la difusión de noticias falsas en torno a una cuenta bancaria en Suiza atribuida al exalcalde de Barcelona Xavier Trías, defensor del proceso soberanista catalán. También se elaboró el conocido como informe PISA para desprestigiar con referencias falsas a Podemos y su líder, Pablo Iglesias. También se le atribuyen informes contra el PSOE por el 11-M y el caso Faisán.

En la mayoría de las estas conclusiones se denuncia la actitud “obstruccionista” con la justicia de los comparecientes ante los comisionados en sesiones abiertas   –el propio Fernández Díaz, Daniel de Alfonso, Ignacio Cosidó, Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago-, quienes se mostraron “ignorantes y alejados” de numerosos hechos puntuales, entre ellos de las entrevistas entre el ex ministro y el exdirector de la OAC.

La difusión en junio del pasado año en Público de las conversaciones entre ambos grabadas en el despacho oficial del ministro generó un gran escándalo político que a la postre costó sus cargos a los dos protagonistas. En las comparecencias se puso de manifiesto que fue Fuentes gago quien “introdujo” a De Alfonso en el Ministerio para las entrevistas con el ministro. Fue por indicación de sus superiores, según se recoge en algunas de las conclusiones.

Las aportaciones más duras las realizan los grupos de Podemos y de ERC, que denuncian la connivencia, en determinados momentos de los trabajos de la comisión, del grupo socialista con el PP y Ciudadanos para impedir la comparecencia de otros mandos policiales, entre ellos la del polémico comisario Villarejo. Asimismo, ambas formaciones políticas critican el cierre precipitado de los trabajos de la comisión sin haber realizado nuevas investigaciones. Entre otras razones se argumenta que las aportaciones periodísticas realizadas por Público hace unos días –con la destrucción de pruebas consideradas clave– justificaban seguir con los trabajos indagatorios.

Entre otras denuncias, el PDeCAT destaca “la dependencia directa” del exdirector de la OAC de Fernández Díaz pese a ser un cargo de la Generalitat de Catalunya. ERC asegura que es “extremadamente grave” que Rajoy estuviese al tanto de las acciones de su ministro, “como queda probado en las grabaciones”.

Unidos Podemos, entre otras consideraciones, denuncia que la propia policía “no quiso aclarar el origen de las grabaciones que dieron paso al escándalo político que descubrió la existencia de la unidad de la “policía patriótica”, así como la “obstrucción a la justicia” puesta de manifiesto en no pocos pasajes de las diferentes comparecencias.

El grupo socialista, por su parte, considera probada la creación de una estructura policial “para desactivar los escándalos” que afectaban al PP y también para investigar a “adversarios políticos”. Y concluye: “Con el conocimiento y consentimiento del ministro". Este grupo, sin embargo, no plantea la remisión de las conclusiones que surjan a la Fiscalía.

Tampoco lo hace el PNV, grupo que identifica como responsable de esta trama policial, dirigida principalmente “contra Podemos y los adversarios políticos del soberanismo catalán”, a Fernández Díaz, de quien añade que actuó de forma “coordinada” con el exdirector de la OAC con los mismos propósitos.

En cambio, las conclusiones del grupo parlamentario de Ciudadanos hace un ejercicio de eclecticismo para concluir que no se ha podido dilucidar nada. A lo sumo, dedica la mayor parte de sus conclusiones a poner de manifiesto la existencia de “una desorganización y descontrol” en la gestión del Ministerio del Interior, haciendo responsables al ministro y a su director general de la Policía. De paso, extiende esa responsabilidad al presidente del Gobierno. Pero nada más.

Para el grupo parlamentario popular la propia creación de la comisión de investigación ha sido un ejercicio inútil porque no había nada que investigar. En un extenso escrito de 26 páginas realiza una puntual descalificación de todas las acusaciones que desde la oposición se han venido realizando sobre las actuaciones llevadas a cabo por la “policía política” que, asegura, “se ha convertido en una rúbrica, un titular, un lema tras el que se ha hecho un discurso tremendamente nocivo para la Policía nacional”.