La Fiscalía no consigue callar a las víctimas del franquismo

BILBAO.- Julia Lanas tuvo que esperar 80 años. Tasio Erkizia, otros 42. En el medio, ambos han aprendido a convivir con los recuerdos del infierno. En el caso de Lanas, el diablo se parece mucho a los que fusilaron a su padre o a los que encerraron a sus hermanos y su marido. Para Erkizia –sacerdote y dirigente histórico de la izquierda abertzale-, los peores recuerdos siguen en una tétrica comisaría de Bilbao, donde soportó torturas difíciles de imaginar. Ahora, ambas víctimas del franquismo se funden en un abrazo cargado de simbolismo: por fin van a poder relatar sus horrores delante de un juez.

Sus declaraciones han sido solicitadas por la magistrada argentina María Servini de Cubría, encargada de la querella contra los crímenes del franquismo que se tramita en aquel país. Según ha recordado el integrante de la plataforma vasca que impulsa este tema, Juan Mari Zulaika, las citaciones de Lanas y Erkizia han sido realizadas por dos jueces de Gernika y Bilbao que han decidido seguir adelante con los exhortos a pesar de la posición asumida por la Fiscalía General del Estado –dependiente del gobierno-, que en octubre pasado ordenó suspender las declaraciones requeridas por Servini. El argumento, una vez más, fue la Ley de Amnistía que continúa vigente en España y que Zulaika, al igual que sus compañeros del movimiento memorialista, no dudó en calificar como un “muro de impunidad”.

Con estos antecedentes sobre la mesa, Lanas tenía motivos suficientes para sentir una extraña mezcla de rabia y alegría. Rabia, porque los asesinos de su padre ya no podrán ser juzgados. Alegría, porque esta vez podrá reivindicar su memoria frente a un juez. “He sido muy castigada, pero nunca me he callado. Le puedo asegurar que no pierdo el sueño por tener que ir a declarar”, dijo a Público esta mujer de 97 años. Ya tiene todo preparado para ir este viernes al juzgado de Gernika y responder a sus preguntas. “Por desgracia, tengo muchas vivencias”, apuntó.

“He sido muy castigada, pero nunca me he callado. Le puedo asegurar que no pierdo el sueño por tener que ir a declarar”, dice Julia Lanas, de 97 años.

El catálogo de horrores familiares empieza con su padre, Francisco Lanas Mengosa, un defensor de la República que no dudó en apuntarse como voluntario para hacer frente a los golpistas. Le costó caro, muy caro. Tras ser apresado en Santander, aquel hombre de ideas firmes fue llevado a la prisión guipuzcoana de Ondarreta. Quienes lograron salir vivos de aquel infierno relatan que era un muerto en vida, al que sus torturadores habían llegado a arrancar las uñas. Los franquistas acabaron de matarlo en 1938.

“Mi madre llegó a pesar 39 kilos. Créame, nunca se sabe lo que una persona puede llegar a soportar”, relata Julia, la menor de siete hermanos. Dos de ellos, Félix y Paco, también conocieron las mazmorras del franquismo. Ambos fueron obligados a trabajar como esclavos para la dictadura en Asturias y Zaragoza. El círculo del dolor se cierra con su marido, José Antonio Garmendia Arambarri, condenado y encarcelado por el franquismo. “Como nuestra familia hubo otras miles –remarca con la voz quebrada-. Ni creeríais lo que vivimos en aquellos años”.

El calvario de Tasio Erkizia empezó el 8 de mayo de 1975. En aquel momento, este histórico integrante de la izquierda independentista vasca ejercía de sacerdote. Los policías que se lo llevaron de su casa nada sabían de la piedad cristiana. Conocido entonces por su militancia a favor del euskera y en los movimientos populares, Tasio sufrió todo tipo de torturas en la comisaría de Indautxu (Bilbao), incluyendo ahogamientos y palizas. “Rompieron un bastón de bambú sobre mis espaldas, cuyas cicatrices me duraron muchos meses. En cuclillas y esposado, jugaban conmigo dando patadas y me tiraban de un lado a otro como si fuera un balón, entre risas y constantes insultos de tipo sexual y personal”, puede leerse en un documento que forma parte de la querella.

En cuclillas y esposado, jugaban conmigo dando patadas y me tiraban de un lado a otro como si fuera un balón", dice Tasio Erkizia.

A raíz de las brutales agresiones, Erkizia tuvo que ser llevado al Hospital de Basurto en estado muy grave. “Padecía lo que los médicos llaman ‘síndrome de bombardeo’: tenía el cuerpo totalmente magullado, como si hubiera permanecido debajo de los escombros de una casa derruida”, relata. Estuvo 29 días en la UVI, custodiado día y noche por dos policías. “En numerosas ocasiones me amenazaban con darme tiros, poniéndome el fusil en la sien”. El juez que le tomó declaración en el mismísimo hospital decidió dejarle libre de cargos, mientras que sus denuncias de torturas fueron archivadas un año después. No hubo ningún tipo de investigación seria. Ni en dictadura, ni en transición, ni en democracia. Ninguna.

“Por suerte he podido realizar una vida normal, sin secuelas físicas aparentemente graves, pero las pesadillas nocturnas han sido y siguen siendo constantes. Es una fase de la vida que me ha dejado profundamente marcado”, señala en el documento. Tras conocerse su citación por parte de un juzgado de Bilbao –prevista para el día 21-, Erkizia señaló que “se trata de una buena noticia para cualquiera que crea en la democracia”. “Al menos estoy seguro de que servirá para dejar en evidencia la impunidad con la que están actuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, subrayó.

Mientras Lanas y Erkizia aguardan su encuentro con la justicia, otras víctimas del franquismo en Euskadi deberán seguir esperando. Es el caso de Luis María Ormazabal, un veterano militante del Partido Comunista que bajó a los infiernos en febrero de 1960. Su detención se produjo poco después de regresar de Praga, donde había participado en el sexto congreso del PCE. Aquello le hizo merecedor de 40 días en la temible Dirección General de Seguridad de Madrid. “Las torturas fueron varias. Una de ellas se llamaba la botella borracha, y consistía en ocho personas pegándote y tirándote de un lado para otro”, recordó. Los policías también jugaron con él a la ruleta rusa. “Lo hicieron tres veces. Para ser sincero, en ese momento tampoco me importaba que disparasen”, señaló este jueves en una comparecencia realizada en un céntrico hotel de Bilbao.

A la jueza Servini le gustaría conocer más detalles de su caso, pero el juzgado de Bilbao que recibió su exhorto se ha negado a tomarle declaración. Lo mismo ocurre con los familiares de Roberto Pérez Jauregi, un joven de 21 años que fue asesinado por la Policía en diciembre de 1970. ¿Su delito? Participar en una manifestación realizada en Eibar para pedir el fin del denominado Juicio de Burgos, en el que 16 ciudadanos vascos enfrentaban penas de muerte. Su hermano Jorge está dispuesto a declarar en los juzgados para denunciar este hecho, mientras que la magistrada argentina está interesada en conocerlo. Sin embargo, los tribunales españoles –amparados por el Gobierno y la Fiscalía- se niegan a acatar esta solicitud.

En ese contexto, los promotores de la querella argentina contra los crímenes del franquismo se resisten a bajar los brazos. De momento, varias instituciones vascas –entre las que se encuentran distintos ayuntamientos y diputaciones- “se han comprometido a presentar querellas en los juzgados locales”, destaca Zulaika, quien confía que esas iniciativas “despierten e incentiven a los jueces locales a involucrarse en la causa, desoyendo las órdenes de la Fiscalía española”. Mientras tanto, Ormazabal y Jauregi tendrán que seguir esperando.