La Fiscalía cree que la sentencia en la que la Justicia europea admite que Oriol Junqueras era eurodiputado desde que se proclamaron los resultados no implica su excarcelación pues sobre él ya pesa una condena firme, y ha pedido al Supremo que ejecute la pena de inhabilitación a la que le sentenció.

Pocas horas después de conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los cuatro fiscales del caso han remitido un escrito a la Sala que juzgó y condenó a 13 años de prisión e inhabilitación al exvicepresidente de la Generalitat por el "procés" en el que consideran que su situación no ha cambiado.

Admiten que el TJUE dice que Junqueras debió ser reconocido eurodiputado -y, por tanto, protegido por la inmunidad parlamentaria- desde que se proclamaron los resultados de los comicios europeos, y que si el Supremo "considerara necesario mantener la medida cautelar de prisión provisional habría de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo la suspensión de dicha inmunidad".

Sin embargo, recuerdan que sobre Junqueras ya no pesa ninguna medida cautelar pues no está en prisión provisional, sino cumpliendo una condena firme.

Por ello, la Fiscalía pide que se ejecute su pena de inhabilitación y urgen a que se remita la sentencia del caso al Parlamento Europeo "a fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de europarlamentario".

Además, indican que -según lo dictado por el TJUE- Junqueras obtuvo la condición de eurodiputado cuando la causa del "procés" ya estaba juzgada en el Supremo y vista para sentencia, por lo que la inmunidad que el TJUE reconoce a los eurodiputados en sus desplazamientos a la Eurocámara "no hubiera impedido, en ningún caso, la continuación del procedimiento hasta el dictado y ejecución de la sentencia".

Recuerdan los fiscales que la ejecución de la pena de inhabilitación se encuentra suspendida por el Supremo a la espera de la sentencia del TJUE y, una vez ésta ya ha sido conocida, piden que se ejecute dicha condena de forma que el líder de ERC no pueda ocupar ningún cargo público.

Además de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, Vox -acusación popular- y la defensa de Junqueras deben dirigir en un plazo de cinco días sus alegaciones al Supremo, que ha anunciado que estudiará "en profundidad el contenido íntegro de la sentencia del TJUE" y que, una vez recibidos los escritos de las partes, "se acordará lo procedente".