Entre un 6% y un 8% de las personas que viven en residencias de la tercera edad han fallecido a causa de la covid-19, desde marzo de 2020. El dato lo ha aportado este jueves María José Segarra, la fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, en rueda de prensa. Esto significa que entre 19.330 y  25.774 personas mayores han fallecido por el coronavirus desde que se desencadenó la pandemia, según los datos de residentes en España aportado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 77% de esas muertes ocurrió durante la primera ola.

Tras aportar los datos estadísticos de las muertes de personas residentes por la pandemia, María José Segarra, que fue la predecesora de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado, ha explicado las medidas que ha tomado la Fiscalía y en concreto su Sala para investigar si ha habido negligencias en ciertas residencias en relación con esas muertes. Desde el mes de marzo de 2020, la Fiscalía ha abierto 441 diligencias penales, de las que solo sobreviven en estos momentos 209, que siguen instruyéndose. Más de la mitad de ellas, 112, se refieren a residencias en Madrid, tanto públicas como privadas.

De las 232 diligencias penales archivadas por la Fiscalía, solo 27 concluyeron en denuncia o querella interpuestas por el Ministerio Público, según el informe de la Fiscalía dado a conocer este jueves. La fiscal María José Segarra ha explicado que  el 42%de las denuncias recibidas por la Fiscalía, es decir, 189, lo han sido por presuntos homicidios por imprudencia, y un 36% (163), por la situación de las residencias, sobre todo, por no permitir la visita de los familiares  (163). Fueron once las denuncias por delitos contra la salud de los trabajadores de las residencias y 21 por deficiencias en la atención médica. La Fiscalía admitió seis denuncias por lesiones y cinco por trato degradante a residentes. Cuatro de las denuncias fueron por abandono de familia; dos por prevaricación y una por rechazo a ser trasladada la personas en UCI.  

En el ámbito civil, son 499 los procedimientos de seguimiento de residencias, seis por falta de medios, cinco por denegación de ingreso hospitalario, tres por reclamación de visitas y uno por desamparo de persona mayor en domicilio. Según ha explicado la fiscal Segarra, en estos momentos hay tres denuncias por negativa de los familiares a la vacunación; 69 por el elevado número de fallecimientos en el centro y 15 por falta de atención sanitaria. Desde marzo se incoaron 786 procedimientos civiles, de los que 294 han sido archivados.

Madrid, a la cabeza con diferencia

La Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de las investigaciones penales de la Fiscalía, con 112 diligencias abiertas. Le siguen, de lejos, Castilla y León, con 19 expedientes penales abiertos, y Cataluña con 15. Seguiría en número de procedimientos penales, Extremadura, con 12,  Castilla-La Mancha, con uno menos, Galicia, con 10, Andalucía, con 8 y Murcia, con 5. 

El recuento de residentes fallecidos por la covid no es claro en la Comunidad de Madrid. La cifra aportada por el Gobierno regional de 5.954 ancianos fallecidos en la primera ola en residencias madrileñas no ha sumado los residentes que posteriormente fueron trasladados a hospitales, donde finalmente se produjo el óbito. El Gobierno regional no permitió en un principio el traslado de residentes a los centros hospitalarios por la falta de camas durante la primera ola. Después sí que lo permitió pero el recuento de fallecidos no cribó a los pacientes que procedían de residencias de mayores. 

En la actualidad, en la Comunidad de Madrid los juzgados investigan una veintena de residencias y la muerte de noventa residentes. Y la directora de una residencia pública ha sido imputado por homicidio imprudente. Esta mujer tiene que comparecer en el juzgado de instrucción número 50 de Madrid el próximo 26 de febrero. La Fiscalía, que había archivado en torno a cien denuncias por no encontrar indicios de delito, ha anunciado que abre una investigación contra la directora de una residencia de mayores privada.

La fiscal de la Sala de Discapacidad y Mayores ha puesto de manifiesto los fallos que la pandemia ha desvelado del modelo residencial español, como la falta de medios sanitarios, médicos y personal cualificado, así como existencia de trabajadores con escasa remuneración e incentivos. Pero ha descartado que en general pueda hablarse de "negligencia" en cuanto a la gestión de la pandemia en las residencias.

El trabajo de los fiscales en este campo de las residencias desde que empezó la pandemia no ha sido fácil, según Segarra;  desde el principio se "monitorizaron" las residencias, pero durante el confinamiento el trabajo fue "a través del teléfono y por videoconferencias" . En alguna ocasión los fiscales tuvieron que personarse a la puertas de una Consejería de Mayores ante la imposibilidad de obtener los números de teléfono de las residencias. En Canarias descubrieron que se carecía de un listado o registro del número de centros y se le encomendó a la Policía realizar el recuento. Además, se descubrió mediante la labor de la Fiscalía, que alguna residencia no era otra cosa que un chalet con "cinco o seis habitaciones con ancianos residentes".