La Fiscalía se opone a investigar la destrucción de los discos duros de Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a abrir una investigación sobre la destrucción de los discos duros de los ordenadores que empleaba el extesorero del PP Luis Bárcenas en su despacho de la sede del PP en Génova y que quedaron en poder del partido tras su dimisión, informaron este miércoles fuentes fiscales.

En un informe presentado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el Ministerio Público se posiciona en contra de la petición efectuada por varias acusaciones personadas en la causa que investiga la presunta contabilidad B del PP que habían solicitado la apertura de una investigación por encubrimiento y obstrucción a la justicia. En el escrito, la Fiscalía señala que esta diligencia no aportaría ningún resultado de interés para el avance de la causa. Javier Gómez de Liaño, abogado defensor del extesorero del PP, consideró "llamativa" la destrucción de los dos discos duros. La Fiscalía tiene otro criterio.

El Partido Popular (PP) destruyó en abril de este año el contenido de los discos duros de los dos portátiles, un mes después de que agentes de la Policía Nacional acudieran a Génova tras la denuncia que el exsenador presentó contra el abogado de la formación, Alberto Durán, por abrir sin su consentimiento un espacio que tenía a su disposición en el edificio.

Esa visita de la Policía Nacional a la sede popular se produjo el 1 de marzo, el mismo día que Bárcenas interpuso su denuncia, y fue justificada con el objetivo de comunicar a Durán la acción judicial emprendida por el ex tesorero, sin que los agentes practicaran otras diligencias, según señalaron entonces a la agencia Europa Press fuentes policiales.

Bárcenas denunció a Durán por un posible delito contra la intimidad y otro de robo por forzar la puerta del despacho y examinar de forma exhaustiva toda la documentación allí guardada, parte de la cual argumentaba que era de carácter personal, así como los ordenadores portátiles que estaban guardados en la sala Andalucía de la formación.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid archivó en abril esta denuncia argumentando que los ordenadores estaban en una sala, por lo que "no se trataba de un despacho personal" y "en definitiva, no se ejerció fuerza alguna para entrar".