La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión para el expresident de la Generalitat y exministro de Trabajo del gobierno de Aznar, Eduardo Zaplana, por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. A la pena de prisión se suma una multa de 40 millones de euros y otras dos de 72.000 y 36.000 euros respectivamente.

Así consta en la calificación fiscal presentada al Juzgado de Instrucción número 8 de València, después de llevar a cabo una investigación que ha contemplado el supuesto cobro de más de diez millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos en el País Valencià en la época de Zaplana, a través de una organización formada por un núcleo de personas cercanas al expresident.

Según informa Europa Press, este grupo cercano a Zaplana operaba a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico.

El pasado mes de junio el juzgado instructor dictó un auto por el que dio por concluida la fase de instrucción y emplazaba a la Fiscalía y las demás acusaciones a solicitar la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Por su parte, Zaplana alega su inocencia y "absoluta disconformidad" con las acusaciones hacia él por parte de la fiscalía anticorrupción, a quién acusa de haber ejercido sobre su persona una "instrucción inquisitorial". El expresident confía en el acto del juicio oral para poder demostrar su inocencia. 

El caso Erial sienta en el banquillo de los acusados a personalidades como el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, los empresarios Vicente y José Cotino y a Joaquín Barceló, el presunto testaferro de Zaplana.