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Foro Asturias La Fiscalía pide dos años de cárcel para Álvarez-Cascos por apropiación indebida

El impulsor de Foro está acusado de cargar al partido gastos personales por importe de 5.500 euros.

Francisco Álvarez Cascos en 2011
Francisco Álvarez Cascos en 2011. Pablo Lorenzana / Nortes

La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel para el impulsor de Foro Asturias y expresidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, por un presunto delito continuado de apropiación indebida por cargar al partido gastos personales por importe de 5.500 euros en la etapa en que estuvo al frente de esta formación.

Según el Ministerio Público, Álvarez-Casos se sirvió del sistema de autorización de gastos habilitado en Foro para cargar al partido varios no relacionados con su actividad política, de carácter personal, propio o de sus familiares, utilizando los recursos del partido como propios y desvió ciertas cantidades hacia su patrimonio personal o de sus personas vinculadas.

En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que Cascos incluyó entre 2011 y 2017 gastos de un procurador personal por un asunto político relacionado con otro partido y por otro personal, zapatos, cuatro desplazamientos a A Coruña con hotel y alimentación, un hotel para su suegro, comida a domicilio particular y a nombre de sus familiares, juegos de videoconsola, billetes de AVE para sus hijos, entradas para la Copa Davis y museos y una cama completa, entre otros.

La Fiscalía relata que, en los meses inmediatamente anteriores a la constitución de Foro en marzo de 2011 a Cascos se le realizó una oferta profesional encaminada a liderar un proyecto político que incluía una retribución a cambio de dedicación exclusiva y facilidades para el mantenimiento de su residencia en Madrid y ejercitar el régimen de visitas con sus hijos.

Facilidades para mantener su residencia en Madrid

Estas "facilidades" consistían en el pago de sus alojamientos en Asturias, los desplazamientos con o sin conductor y los gastos inherentes al desplazamiento, entre otros, así como la capacidad decisoria en cuanto a la forma de ejercer la actividad política y libertad para ejecutar gastos económicos inherentes al partido en el territorio que considerase sujetos a control posterior.

No obstante, según el Ministerio Público, esa oferta económica en ningún caso incluía gastos de carácter personal, de libre disposición sin sujeción a autorización del partido, ni de comidas no relacionadas con la actividad política.

Una vez aceptada la oferta profesional, señala el escrito, Cascos fue nombrado presidente del partido en marzo de 2011, cargo que ostentó cuatro años después cuando pasó a ser secretario general hasta 2019, pero en todo ese periodo "fue la persona de referencia en la formación, el líder absoluto y la persona que en último lugar tomaba todas las decisiones en la misma".

Además, incide en que el partido nunca nombró tesorero y la Comisión Directiva, como máximo órgano, se centraba principalmente en la actividad política "delegando tal función económica de facto y despreocupándose del sistema ofrecido a la máxima figura de la formación".

Así, añade la Fiscalía, se establecían criterios de confianza y de responsabilidad personal en la utilización de los recursos económicos, sumado a la existencia de fiscalización por el Tribunal de Cuentas, que se limitaba a aspectos de mayor envergadura y no analizaba el sistema de gastos.

A ello se sumaba la existencia de un procedimiento basado en la confianza, "conformado por ciertas personas que ejercían de facto la gestión y control del gasto si bien, dado que no ostentaban la función de tesorero, su labor se centraba en el correcto funcionamiento formal sin supervisión de la oportunidad o corrección del gasto".

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