La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves fianzas de responsabilidad civil 'millonarias' para el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social andaluz Francisco Javier Guerrero y para Ismael Sierra, cuñado del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, ambos encarcelados e imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha celebrado este jueves una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido una fianza 'millonaria' tanto para Guerrero como para Sierra, aunque las cifras concretas de dichas fianzas no han trascendido tras recordar la juez a las partes que el caso bajo secreto sumarial.

Esta petición de fianzas civiles se produce a raíz de la nueva investigación desarrollada por la Guardia Civil, que se encuentra secreta, y cuyo objeto es determinar el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Hay que recordar que la juez Alaya ya impuso en su momento una fianza civil de 686 millones de euros a Francisco Javier Guerrero, cantidad a la que se sumará la fianza que ahora le imponga la magistrada en relación a esta nueva investigación.

En la jornada de este miércoles, la Fiscalía ya pidió fianzas de responsabilidad civil que suman 1.548 millones de euros para seis imputados en la causa, en concreto los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín, así como la esposa de éste último, el también extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo y Rosser Masa, administradora de Fortia Vida.

Así, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se imponga una fianza de responsabilidad civil --y no para eludir la prisión-- de 258 millones de euros a cada de unos de estos seis imputados, un importe que se corresponde con las primas pagadas a Generali y a Fortia Vida y que el Ministerio Público considera 'ilícitas' en su totalidad.

El pasado mes de marzo, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron a 22 personas dentro de la operación 'Heracles' desarrollada de forma simultánea en siete provincias españolas por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación.

Esta investigación de la Guardia Civil se encuentra dentro del secreto sumarial de las actuaciones decretado por la juez Alaya, que el pasado 30 de abril lo prorrogó por sexto mes consecutivo por medio de un auto en el que anunciaba que el análisis de la 'ingente' documentación intervenida por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Heracles' puede derivar en la apertura de 'nuevas líneas de investigación'.