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La Fiscalía pide imputar a Camps y Barberá por el 'caso Nóos'

El fiscal presenta ante Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un escrito para que se investigue a la alcaldesa de Valencia y al expresidente de la Generalitat por presuntos delitos en sus tratos con Urdangarin

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La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes un voluminoso informe ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia en el que sostiene la necesidad de investigar y encausar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en relación a sus actuaciones en el llamado caso Nóos.

Según la Fiscalía, los contratos firmados entre los dirigentes conservadores y el yerno del rey en relación a los eventos del Valencia Summit contienen indicios de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El juez José Castro, instructor del caso Nóos, ya expresó también sus razones para imputar a Barberá y Camps. Según el magistrado, los convenios negociados entre éstos e Iñaki Urdangarín para la celebración del Valencia Summit y los Juegos Europeos que nunca se celebraron, supusieron un ingreso de tres millones de euros para la fundación de yerno del rey.

La Fiscalía señala además que si el TSJCV decide imputar a Camps y Barberá debe asumir la totalidad del caso Nóos, incluida la investigación de Baleares, que instruye desde 2009 el juez de Palma José Castro. Así, si sigue el criterio del Ministerio Püblico, el alto tribunal valenciano juzgaría a todos los implicados, aforados o no, es decir, incluido a Iñaki Urdangarin.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia pidió el pasado viernes al Tribunal Superior de Justicia que investigase esta parte de la causa del caso Nóos, e imputase por cinco delitos a la alcaldesa, Rita Barberá, y al expresident de la Generalitat, Francisco Camps por los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias.

Según los socialistas, las contrataciones 'fueron actos estrictamente voluntaristas' que 'no obedecían a procurar el interés general' sino a 'beneficiar económicamente a cargo de las arcas públicas valencianas al señor Urdangarín, por su condición de yerno de Su Majestad El Rey'.

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