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La Fiscalía quiere apartar al juez que imputó a la infanta Cristina

Propone que el Tribunal Superior valenciano, dominado por jueces conservadores, asuma la instrucción de la causa contra Urdangarin y todos los imputados

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La Fiscalía no quiere que el juez de Palma de Mallorca José Castro, que imputó a la infanta Cristina, prosiga con la investigación penal de los negocios de Iñaki Urdangarin. Anticorrupción defiende que toda la causa se traslade a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de mayoría conservadora, para que concluya la instrucción y eventualmente juzgue el caso, al considerar que los hechos de Baleares no pueden enjuiciarse por separado de los de Valencia.

De aceptar las tesis del Ministerio Público, el Tribunal superior valenciano imputará a Francisco Camps y a Rita Barberá para investigarles por diversos delitos cometidos al contratar con Nóos  las administraciones públicas que presidían (Comunidad y Ayuntamiento valencianos, respectivamente).  Y, al mismo tiempo, requerirá al juez Castro la inhibición respecto de toda la causa, que sería arrastrada a Valencia por la existencia de los dos aforados –Camps y Barberá—que sólo pueden ser juzgados por el alto tribunal de esa comunidad.

“La instrucción ha implicado tomar declaración a una cantidad ingente de personas vinculadas al Instituto Nóos y su grupo empresarial, a efectos de desentrañar el entramado presuntamente fraudulento, sin que pueda escindirse en dos causas distintas, dado que la actividad consistente en la presunta malversación de fondos públicos y falsedades documentales mediales, respecto a las cantidades obtenidas de organismos públicos de Valencia y Baleares, conforma un presunto delito continuado, cuyo enjuiciamiento por separado resulta inviable”.

Así se expresa la delegación en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción en el informe entregado este lunes al Tribunal Superior valenciano. Insiste en que si los magistrados no ven indicios delictivos para imputar a Camps y Barberá, deben devolver el caso a Baleares, pero, si, como propone el Ministerio Público, acepta investigar a ambos por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, tiene además que reclamar toda la causa y cerrar la instrucción.

Una decisión en tal sentido del TSJ valenciano podría abrir un conflicto de competencias con el juez Castro, en caso de no aceptar la inhibición, tesis que ha mantenido hasta ahora. El todavía instructor cree que el TSJ valenciano debe asumir la causa en lo referente a los convenios firmados con Nóos en Valencia, y mantener él la instrucción del resto de la causa (Baleares y también los presuntos donativos por 140.000 euros de Madrid 2016 a Urdangarin). En caso de no haber avenencia entre tribunales, la decisión final sobre la competencia de la investigación correspondería al Supremo.

La posición de la Fiscalía supondría además que la Audiencia de Palma de Mallorca no enjuiciaría a Urdangarin y al resto de imputados. El citado tribunal sufrió el pasado mes de julio un serio revés en forma de sentencia desfavorable del Tribunal Supremo, que  dejó la condena de seis años de cárcel que en Palma habían impuesto al expresidente balear Jaume Matas en sólo 9 meses de prisión que le permiten de momento eludir el ingreso en la cárcel. No obstante, la Fiscalía del Supremo se sumó a las tesis de la Audiencia de Palma.

Para la Fiscalía, separar el caso Nóos en dos causas, una relativa a los Proyectos de Valencia y otra a los Proyectos de Baleares, a efectos de un enjuiciamiento independiente, “supondría dos juicios orales distintos, uno ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otro ante la Audiencia Provincial de Baleares, sobre los mismos hechos, de forma tal que habría que reproducir las mismas pruebas ante ambos Tribunales. Da idea de la magnitud de dicha circunstancia el hecho de que sólo en el ámbito de la prueba testifical debería tomarse declaración a las mismas 200 personas”.

Asimismo, cree que celebrar dos juicios sería un ‘ataque’ al principio de economía procesal y abrir la posibilidad de sentencias contradictorias.

“Uno de los ejes centrales de la investigación ha sido el Instituto Nóos y las sociedades vinculadas al mismo, así como los métodos de apropiación utilizados y la ocultación de los fondos públicos recibidos, métodos y finalidad unívoca, indiferenciada e independiente de la procedencia territorial de los mentados fondos. Nóos actúa, a efectos contables, con el criterio de caja única y no utiliza el sistema de contabilidad de costes por proyecto”, añade el fiscal en su razonamiento.

En términos generales, Anticorrupción y el juez Castro han coincidido en las medidas e iniciativas adoptadas en la instrucción del caso, salvo en la imputación de la infanta Cristina, que fue recurrida por el fiscal Pedro Horrach. La Audiencia de Palma dio la razón a este último en relación a una supuesta cooperación de la infanta en los delitos de su marido, pero dejó abierta la puerta a una investigación a la hija menor del rey por delito fiscal, que está siendo desarrollada por Castro.

La Fiscalía Anticorrupción destaca en su escrito que la instrucción del caso está próxima a concluir, a falta de un informe de Hacienda y otro de la Policía, y que su finalización debe cerrarse por el Tribunal valenciano, que debería a su vez llamar a declarar a Camps y Barberá por la trama valenciana.

En esta fase final de la causa, han vuelto a dispararse las especulaciones sobre la posibilidad de un pacto entre Iñaki Urdangarin y la Fiscalía, con el objetivo por el primero de eludir el ingreso en prisión. El fiscal jefe de Baleares declaró este verano a 'El Mundo' que no descartaba a priori un acuerdo de ese estilo, que está previsto en la ley para casos de colaboración del acusado con la justicia.

LA Sala Civil y Penal del TSJ de Valencia, a quien compete enjuiciar las causas contra aforados en la comunidad autónoma, esta presidida por Pilar de la Oliva (miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura) y formada por otros cuatro magistrados, tres de los cuales son también considerados de tendencia conservadora, y un quinto, Juan Climent, progresista.

Tienen abiertos actualmente varios procedimientos por corrupción que salpican a dirigentes del PP, como los casos Brugal, Gürtel o Blasco. En 2010, Pilar de la Oliva sustituyó como presidenta del alto tribunal a Juan Luis de la Rúa, amigo de Francisco Camps, y que trató sin éxito de archivar el denominado 'caso de los trajes' contra el entonces presidente valenciano.

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