La Fiscalía rechaza archivar el 'caso Montoro': "Son actuaciones graves de corrupción"

La Fiscalía se ha opuesto a que el caso Montoro sea archivado respondiendo a las defensas de varios investigados que no hay "ideología política alguna" en las pesquisas, sino "actuaciones graves de corrupción".

Así lo expone la fiscal  de Anticorrupción Carmen García Cerdá en un escrito dirigido al juez de Tarragona que investiga la causa y en el que se opone a los recursos de varias defensas que reclaman declarar la nulidad de la causa o que se instruya en los juzgados de Madrid.

En este caso, el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, Rubén Rus, investiga presuntos favores fiscales a empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda cuando lo dirigía Cristóbal Montoro con la intermediación de Equipo Económico, el despacho situado en el epicentro de la presunta trama.

"Es necesario dejar claro y sentado desde este momento, que determinados correos electrónicos intervenidos en las diligencias que se tramitaban en Tarragona contra empresas gasistas que tenían en este municipio su sede, lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna", subraya en el escrito.

García Cerdá suma a ello que los informes de los Mossos d'Esquadra y la Agencia Tributaria constatan la "indiciaria existencia" de una organización, los pagos de las gasísticas a Equipo Económico "previos a cada actuación administrativa a favor" y la elaboración de impuestos "a la carta de aquellas mercantiles".

La fiscal replica que la prueba recabada hasta el momento muestra que ese despacho "no" desarrolló una labor de asesoramiento jurídico, ya que "los propios correos intervenidos evidencian que toda la información requerida la trabajaba la sociedad Ernst & Young y, posteriormente, Equipo Económico hacía suyo el informe para interceder ante los funcionarios de Hacienda, cobrando por ello".

Además, indica que "tampoco es cierto" que no pagaran ninguna retribución, comisión o dádiva a autoridad o funcionario ni ejerciera ningún tipo de influencia en los mismos, puesto que "ya se sabe que sí que hubo pagos efectuados desde Equipo Económico a alguno de los funcionarios implicados". 

"Escrupuloso y exquisito" trabajo del juez

García Cerdá respalda la actuación del juez y critica la "constante y casi unánime petición de todas las defensas" para que se declare nulo "todo lo actuado por la causación de una indefensión que no justifican ni concretan".

Sobre la competencia territorial, Anticorrupción incide en que "la distracción de fondos públicos se habría cometido en territorio catalán y, específicamente, entre otros, en el municipio de Tarragona".

Relacionado con este tema

La Fiscalía Anticorrupción avala el origen de la investigación del 'caso Montoro'

Europa Press

Apoya también la actuación de los Mossos d'Esquadra como policía judicial en la causa y que actúen "fuera de la comunidad autónoma de Catalunya en colaboración con la Guardia Civil, como así ha ocurrido cuando las diligencias de Investigación se llevaron a cabo en Madrid, que lo fue para la práctica de los requerimientos de documentación al Ministerio de Hacienda, Agencia Tributaria y Dirección General de Tributos".

"Aunque entendemos que importune a las defensas el resultado de la investigación practicada en la causa, pese a su complejidad y circunstancias, las actuaciones han seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento para respetar, como no puede ser de otra forma, tanto las normas procesales como los derechas de los investigados, evitando injerencias y daños colaterales", recalca.

También reprocha a los investigados que su "única finalidad no sea la averiguación de la verdad, la petición de diligencias para práctica de prueba de descargo, etc.", sino -insiste- "conseguir la nulidad de unas actuaciones practicadas con total profesionalidad y respeto a los principios procesales y constitucionales".

Respecto a que la causa estuviera varios años bajo secreto, la fiscal valora las "dificultades" para conseguir información requerida, como "el dilatado plazo en obtener la documentación de las entidades bancarias, al no atender alguna de ellas en todos los términos interesados la petición de cuentas de los investigados".

"El esfuerzo probatorio y de análisis realizado explica que el magistrado instructor, al levantar el secreto, haya podido concretar en su auto los hechos investigados y a sus participes, con referencia a los elementos probatorios que les incriminan", agrega.