BARCELONA.- La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha criticado este viernes el proceso judicial abierto contra ella y ha avisado de que continuará actuando como hasta ahora: "Ningún tribunal puede impedir que en el Parlament se debata sobre la independencia".

Para ella, el Estado utiliza los tribunales para impedir los debates porque es incapaz de afrontar políticamente los conflictos: "El poder ejecutivo utiliza el poder judicial para coartar el derecho a debatir de un Parlament democrático. Tan simple y grave como esto". Así, acusa al Estado de dar un paso más al "pretender dictar de lo que se puede o no hablar en un Parlament, y no solo esto: al pretender que sea el mismo Parlament el que se autocensure, y esto no pasará".

Forcadell ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa desde la Cámara autonómica, donde ha comparecido tras declarar como investigada (lo que antes era imputada) ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la querella que pesa contra ella por permitir el debate sobre las conclusiones de la comisión parlamentaria de estudio del proceso constituyente.

La presidenta del Parlament dice que eventual su inhabilitación sería "un ataque tan grande a la democracia que es inconcebible"

Forcadell ha responsabilizado al Estado de ataques antidemocráticos impropios de una democracia del siglo XXI, y no contempla ser inhabilitada: "Sería un ataque tan grande a la democracia que es inconcebible". Según ella, está en juego la democracia, no su futuro ni el de otra persona, porque en ninguna democracia se debe perseguir por la vía penal el debate de ideas: "No se ataca solo a la presidencia del Parlament, se ataca a esta institución y a su esencia, que es el debate y la palabra".

También ha dicho que, si hubiera actuado de forma diferente, habría incumplido el reglamento y vulnerado la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados.

Forcadell ha sostenido que el proceso judicial contra ella genera alarma en Europa donde ya hay varios dirigentes que "están alertando de la grave deriva judicializadora del Estado español" (el miércoles recibió el apoyo el exprimer ministro escocés Alex Salmond) y ha pedido a estos líderes que sigan con atención el proceso catalán.

Previamente, la presidenta del Parlament ha defendido ante la juez que permitió la votación de la hoja de ruta independentista en el pleno de la Cámara autonómica del pasado 27 de julio porque era un "acto político" y ha sostenido, según fuentes judiciales, que no se puede prohibir discutir sobre la independencia cuando es un debate que está en la calle.

Forcadell ha declarado como investigada durante poco menos de media hora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), en una comparecencia en la que se ha negado a contestar a las preguntas de la juez instructora Maria Eugènia Alegret y de los fiscales, a los que ha reprochado que al imputarla han incumplido su deber de defender la inviolabilidad del Parlament. 

Según han explicado fuentes jurídicas, Forcadell, que sólo ha accedido únicamente a responder a las 25 cuestiones de su abogado, ha recordado a la juez y a los fiscales que, como Poder Judicial, son los garantes del derecho a la inviolabilidad de los diputados, igual que ella es la responsable de proteger la inviolabilidad de todos los diputados de la cámara.

Así, ha contrastado la necesidad de que el TSJCat garantice su inviolabilidad parlamentaria con el hecho de citarla como investigada este viernes por permitir un debate de ideas en el Parlament al votarse las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, y ha vuelto a defender la libertad de expresión.

Carme Forcadell apela al TSJC para que defienda su "inviolabilidad" parlamentaria

La presidenta del Parlament ha argumentado que actuó en todo momento "conforme a la ley" al permitir debatir y votar las conclusiones de la comisión constituyente. 

Forcadell ha defendido que el mandato del Tribunal Constitucional (TC) se limitaba a prohibir que se reprodujera la resolución parlamentaria del 9 de noviembre de 2015 a favor de la independencia (que había sido impugnada), con lo que ha sostenido que de eso no se podía deducir que no se pudieran votar las conclusiones del proceso constituyente.

Además, ha recordado que la comisión de estudio duró seis meses sin que se impugnara en ningún momento, que su contenido era público, que en ella participaron todos los grupos parlamentarios incluido el PP, y que sus conclusiones no tenían ningún efecto jurídico. En esta línea, Forcadell ha argumentado que se limitó a permitir un debate, y ha dicho: "Si la gente en la calle puede hablar de la independencia, ¿cómo no van a poder hacerlo los parlamentarios?".

"El Poder Ejecutivo no puede utilizar al Judicial para resolver un problema del Legislativo. Se ha de resolver políticamente", ha defendido ante el TSJC a preguntas de su letrado, Andreu van de Eynde.

Sobre su papel el 27 de julio, ha explicado que JxSí y la CUP habían pedido ampliar el orden del día para incluir este debate en la sesión (tras cerrarse la comisión) y ha puntualizado que esto no estaba "premeditado" para esquivar al TC, sino que fue una decisión política de los grupos. Por eso, Forcadell ha defendido que la responsabilidad última de incluirlo en el orden del día y de celebrar la votación no recae en la Presidencia del Parlament, sino en el pleno, que es "soberano" para decidirlo.

Sobre la nota que los servicios jurídicos del Parlament que le hicieron llegar antes de la votación y que se leyó en el pleno, ha considerado que no era una advertencia dirigida directamente a ella, sino un recordatorio de la interlocutoria del TC a los diputados. Además, Forcadell ha explicado que existen dos informes de los servicios jurídicos en el trámite de alegaciones (uno previo a la votación, de febrero, y otro posterior, de septiembre) que concluían, según ella, que el proceso fue perfectamente legal en todo momento.