G de Gaza (y de genocidio)
Tras casi 80 años de ocupación ilegal, el 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque contra Israel que acabó con la vida de 1.200 personas y el secuestro de otras 250.
La guerra ha puesto a prueba la lealtad de Occidente con Israel y ha evidenciado el deterioro de la diplomacia multilateral y del derecho internacional.
La XV legislatura ha estado repleta de hitos que han tenido consecuencias no solo en el devenir político del país, también en su historia económica, social, judicial y cultural. En esta serie los recopilamos.

Madrid-
El 7 de octubre de 2023 marcó el inicio de una nueva era. La tarde de aquel día, unos 5.000 milicianos de Hamás y otros grupos armados palestinos, penetraron en varias comunidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza, asesinando a 1.200 personas, la mayoría civiles. Otros 250 israelíes fueron secuestrados y llevados al enclave palestino para negociar la liberación de algunos de los miles de presos palestinos que malviven en las cárceles israelíes, casi la mitad de ellos sin cargos ni juicios.
La operación Diluvio de Al-Aqsa, la más letal llevada a cabo por la milicia palestina en toda su historia, marcó el inicio de la fase final del genocidio palestino. En los 669 días que duró oficialmente el asedio israelí, 74.653 gazatíes fueron asesinados. Es decir, unas 111 personas por día. El 36,6% de ellos eran ancianos y menores de edad. El 10 de octubre de 2025 entró en vigor un acuerdo de paz auspiciado por el presidente de EEUU, Donald Trump. Desde entonces, los ataques de Israel a la Franja no han cesado, sino que únicamente se han reducido causando una media de cuatro muertos diarios.
En estos tres años, el 7-O, el genocidio y la cuestión palestina, han sacudido lealtades, desafiado el orden internacional y han propiciado nuevos marcos de discusión. Durante los primeros meses del asedio israelí, cuando una figura pública hacía una declaración sobre el conflicto, parecía obligatorio expresar una "firme condena" a los ataques de Hamás del 7-O. Al mismo tiempo, cualquier crítica a la intervención militar de Israel en la Franja era calificada de antisemitismo y cuestionada por su presunta complicidad con el terrorismo yihadista. Sin embargo, a medida que fueron multiplicándose el número de civiles palestinos muertos, la incontestabilidad de Israel empezó a resultar incómoda para muchos dirigentes occidentales.
El punto de inflexión fue la apertura de una investigación por genocidio por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a petición de Sudáfrica en enero de 2024. En mayo de ese mismo año, la Corte Penal Internacional (CPI) dictó una orden de detención -que posteriormente se convirtió en una de busca y captura- contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallat, por la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. La nula disposición de EEUU y algunos países europeos como la Hungría de Viktor Orbán —fuera del gobierno desde mayo de 2026—, de hacer cumplir dichas órdenes evidenciaron la irrelevancia del derecho internacional entre los aliados de Israel. Además, el veto hasta en seis ocasiones de EEUU a un alto el fuego incondicional y permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU evidenciaron las costuras de un orden mundial multilateral sometido a los intereses nacionales de las grandes potencias.
El presidente español, Pedro Sánchez (PSOE), fue el primer gobernante europeo en condenar la intervención militar en Gaza, si bien no pronunció la palabra genocidio hasta el 14 de mayo de 2025. Además, el Ejecutivo español impulsó —junto al noruego y el irlandés— el reconocimiento del Estado de Palestina en Europa. Entre septiembre y octubre de 2025, la mayoría del Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto Ley 10/2025, conocido coloquialmente como el embargo de armas a Israel. Pese a la tibieza del texto final —que sigue permitiendo la ejecución de algunos contratos de material militar—, el RDL ha sido una medida excepcional en toda Europa. Todo ello ha convertido a Sánchez en un referente internacional de la defensa de los derechos humanos y del multilateralismo, imagen que el presidente ha capitalizado especialmente durante su último año de mandato.
Sin embargo, las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo español solo han sido posibles gracias a la presión popular ejercida en las calles. Y es que, mucho antes de que los líderes de algunas democracias liberales se pronunciaran en contra el genocidio, movimientos sociales de todo el mundo ya se había organizado para repudiar la matanza de palestinos, la complicidad de sus gobiernos con el genocidio y la impunidad de Israel. Las protestas trajeron de vuelta al debate público el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y la necesidad de reconstruir el decadente orden internacional basado en unas reglas justas.
De Columbia a Madrid, de Londres a París, colectivos propalestinos y sindicatos de estudiantes acamparon en los principales campus universitarios para obligar a las autoridades académicas a romper sus acuerdos de colaboración con universidades israelíes por su colaboración con el proyecto colonizador sionista. El movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS), en alianza con otros movimientos sociales, problematizó el lavado de imagen de Israel en eventos culturales y deportivos internacionales, entre otros.
En España, el rechazo a la participación de Israel en Eurovisión llevó a Radio Televisión Española a retirarse de la 70ª edición del concurso musical. Sin embargo, el punto de máximo de ebullición social tuvo lugar entre septiembre y octubre de 2025, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles para protestar contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista de 2025. El apoyo social a estas protestas obligaron al Gobierno de Ayuso a cancelar la etapa final de la carrera, que tenía lugar en la capital del país. Las acciones de boicot se saldaron con represión policial y la detención de decenas de personas, 19 de las cuáles están a la espera de un juicio por desorden público y resistencia a la autoridad, entre otros.
En este punto, la cuestión Palestina y el genocidio en la Franja de Gaza había pasado a ser un elemento de discusión en la política nacional. Mientras la izquierda gobernante trataba de capitalizar las protestas, las derechas españolas mostraron su apoyo sin fisuras al régimen sionista y a sus prácticas genocidas, señalando únicamente la responsabilidad de Hamás en el conflicto. Algunas de las figuras más representativas de este movimiento fueron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez -Almeida, y el líder de Vox, Santiago Abascal.


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