El Gobierno no parece estar por la labor de ampliar los escasos datos que actualmente facilita sobre los indultos que concede, que se limitan, básicamente, al nombre del indultado, el delito cometido y el contenido de la medida de gracia. El Ejecutivo se escuda en la Ley de Protección de Datos para no completar esa información con las circunstancias económicas o familiares del beneficiado con la medida de gracia, u otros detalles que hayan pesado y que permitan explicar y entender la decisión gubernamental.

El gabinete contesta de esta manera a la diputada de UPyD Rosa Díez, que formuló una batería de preguntas sobre la institución del indulto después de que el Tribunal Supremo, el pasado mes de febrero, anulara parcialmente el concedido al entonces consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, que finalmente se vió obligado a dimitir en abril por este motivo.

El Supremo declaró que el Gobierno se extralimitó al establecer que el indulto a Sáenz incluía el perdón de sus antecedenes penales, lo que le permitía seguir como directivo bancario. El Ejecutivo estaba entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

No obstante, la polémica por los indultos ha acompañado también a Rajoy y su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, desde el inicio de la legislatura. Como ejemplo, han sido muy criticadas las medidas de gracia a un conductor kamikaze que causó un muerto y que tenía una condena de 13 años de cárcel; las de cuatro mossos d'Esquadra torturadores; o la de cuatro concejales del PP condenados por 31 delitos de corrupción urbanística.

El Gobierno contestó a Rosa Díez que iba a analizar la sentencia de Alfredo Sáenz --para lo que ya ha tenido cuatro meses--, y que a partir de ahí determinaría si modifica la Ley de Indulto, que es del año 1870. Es decir, ningún compromiso sobre reformar la norma, cuya sustitución es reclamada desde numerosos ámbitos para que sea obligatorio motivar los indultos y restringirlos a los casos apoyados por el tribunal sentenciador,.

El Gobierno añade que ya ordena publicar en el Boletín Oficial del Estado todos y cada uno de los indultos que concede, y que incluye el nombre y apellidos de la persona indultada, el tribunal que lo condenó, la fecha de la sentencia, la fecha de los hechos, la tipificación del delito, la pena impuesta, y el contenido del indulto --que no tiene que aportar ninguna motivación del mismo--.

Sobre la posibilidad de agregar más datos que iluminen a los ciudadanos sobre estas medidas de gracia, el Gobierno indica que la 'publicación de más elementos que se han tenido en cuenta para la concesión del indulto (enfermedad, circunstancias económicas, familiares y personales de especial consideración, etc.) puede resultar especialmente gravoso para la persona indultada y atacable desde el punto de vista de la normativa de protección de datos de carácter personal'.

El Ejecutivo subraya que la competencia de ejercer el derecho de gracia corresponde al Gobierno, como ocurre 'en la inmensa mayoría de Estados de nuestro entorno', pero añade que toda decisión gubernamental en torno a los indultos, así como a cualquier otra cuestión, 'es susceptible de control parlamentario de acuerdo con lo regulado en la propia Constitución española y en el Reglamento del Congreso de los Diputados'. Además, manifiesta que existe la posibilidad de recurrir los indultos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.