El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio ayer un nuevo paso hacia la más que probable suspensión de actividades del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) al imputar a su presidente y representante, Juan Carlos Ramos, y a los tesoreros de la entidad, Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto García. Les acusa de 'haber autorizado, diseñado, dirigido o participado en las operaciones' con las que su partido ha sido 'instrumentalizado' económica y financieramente para 'contribuir a la actividad y fines de la ETA-Batasuna'.

En concreto, al PCTV (EHAK en euskera) se le acusa de pagar un sueldo a 49 personas procedentes de Batasuna: 16 de ellos, miembros de su actual Mesa Nacional; siete lo fueron de su dirección provincial; 12 se han presentado bajo sus siglas o en candidaturas anuladas por el Tribunal Supremo; cinco fueron concejales; uno, tesorero de Jarrai; cuatro tuvieron puestos de confianza; y dos forman parte de su equipo de relaciones internacionales.

Información de movimientos

El juez pide informe al fiscal en relación con la posibilidad de solicitar un suplicatorio contra dos diputadas del grupo parlamentario de PCTV, Ezker Abertzaleak Legebiltzar Taldea. Se trata de Miren Nekane Erauskin y Karmele Berasategi, quienes por su condición de aforadas sólo pueden ser investigadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, si los delitos que se les imputan se cometieron dentro de la citada Comunidad Autonóma.

Además, para evitar que el PCTV siga financiando las actividades de Batasuna, Garzón ordena a las entidades bancarias en las que tiene cuentas abiertas que le informen de cualquier movimiento de fondos que se produzca. De los datos recabados se desprende que dicha formación disponía en 2005 de un saldo de 25.959 euros. De las aportaciones de sus nueve diputados autonómicos y las subvenciones públicas logró 1,6 millones de euros, de los que 'al menos una parte muy significativa' se destinó 'a mantener la infraestructura de actuación del partido ilegalizado'. Para ello, PCTV y Acción Nacionalista Vasca (ANV) compartían sede en Usúrbil (Guipúzcoa), que también utilizaba Batasuna. También se encontraron pruebas de que disponían de
una caja única de fondos.

Por segunda vez

A diferencia de lo ocurrido el martes con los dirigentes de ANV, que fueron imputados el mismo día que se celebraba la vista en la que las acusaciones pedían su suspensión de actividades, en las diligencias abiertas en 2005 contra PCTV ya había diez imputados. Entre ellos estaban ya Ramos y Aguirre.

Fuentes jurídicas explicaron que aquella imputación se produjo en una fase muy inicial del procedimiento, para evitar vulnerar su derecho de defensa, y ahora han aparecido nuevos indicios. Se trata de los hallados tras la detención de la cúpula actual de Batasuna el pasado 4 de octubre.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado también los han utilizado para instar ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo la ilegalización de ANV y PCTV y el Ministerio Público, la suspensión de actividades ante Garzón.

Ésa, precisamente, es una de las razones alegadas por el fiscal para pedir al juez que acumule en un único procedimiento las investigaciones abiertas contra los dos partidos citados y la cúpula actual de Batasuna, ya que el abierto en 2002 contra la formación ilegalizada por el Supremo está a punto de concluirse.