Garzón se inhibe a favor del TS de Valencia al hallar indicios contra Camps

El juez Baltasar Garzón se inhibe a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en una primera resolución notificada a las partes personadas en el caso 'Gürtel'. Eso era precisamente lo que la Fiscalía anticorrupción le pidió ayer, miércoles.

En su exposición razonada, el juez aprecia indicios de delito contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y contra el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa Climent. Además, declara imputados a dos personas más: José Víctor Campos Guinot y Rafael Betoret Parreño. 

José Víctor Campos fue secretario de organización del PP valenciano hasta las elecciones autonómicas de 2007, y Rafael Betoret es el  actual jefe de gabinete de la consejería de turismo.

Garzón hará públicas esta tarde otras dos resoluciones en relación a la trama de corrupción que afecta al PP.

En el segundo auto, Garzón se inhibirá previsiblemente a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y queda por saber el destino de la tercera investigación. El juez quería remitir el caso al Tribunal Supremo pero la Fiscalía no lo consideró necesario, supuestamente al no hallar indicios contra aforados a nivel nacional.

Garzón, que ha imputado a 37 personas, entre ellos al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, ha concluido este jueves los interrogatorios que tenía pendientes en relación a una red, que supuestamente sobornaba a cargos públicos de Madrid y Valencia para conseguir favores empresariales con los que se enriquecieron.

De los 37 imputados, el juez ha enviado a la cárcel a tres de ellos a prisión: el presunto líder de la red de corrupción investigada, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.

Ayer, miércoles,  Garzón había dejado en libertad sin medidas cautelares al ex alcalde popular de Majadahonda (Madrid), Guillermo Ortega; al empresario de la comunicación José Luis Ulibarri, así como a los imputados Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández y a un empleado del despacho R. Blanco-Guillamot de nombre Juan Antonio. A pesar de haber quedado en libertad, todos ellos siguen imputados en la causa por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

En la contabilidad B del piso franco que la red tenía en la calle Serrano (Madrid), apareció una hoja de ingresos y su distribución, con un apunte fechado el 18 de diciembre de 2002 en el que figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma.

Garzón  subraya que de esa cantidad aparece el concepto "PP VLC", al que se asocian 420.000 € y que según el auto se distribuyeron "para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".

Además, Garzón acusa al presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps de adquirir trajes por 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market, propiedad del líder de la trama de corrupción Francisco Correa, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 200.