Baltasar Garzón movió ayer ficha. Un día antes de que terminara el plazo, el abogado del magistrado, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó ante el Supremo el recurso contra la admisión a trámite de la querella interpuesta en su contra por Manos Limpias. El sindicato lo denunció por haberse declarado competente en el caso de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

En él, Garzón tacha la querella del sindicato de “burda represalia” por el archivo de una causa previa en torno a los fusilamientos de Paracuellos del Jarama. El juez atribuye a esa “enemistad previa” y no a la realidad de los hechos la causa real de la demanda.

A su juicio, el “colectivo franquista”, tal y como califica a Manos Limpias, tomó la decisión de querellarse en octubre de 2008, “antes de que sucedieran buena parte de los hechos”. Dicha circunstancia supone, según él, un error de forma.Aunque destacable, el ataque a Manos Limpias no constituye, sin embargo, el grueso de los argumentos de Garzón.

A través de las 21 páginas del recurso, el letrado niega rotundamente que existan indicios de prevaricación en el proceso que Garzón inició contra el levantamiento franquista. Martínez-Fresneda alega que ninguno de los órganos judiciales implicados en la causa tachó esta de “esperpéntica” o “extravagante”. Al contrario, el abogado recuerda el “debate jurisdiccional” desatado a raíz de la decisión para asegurar que se “enfrentaban lealmente dos interpretaciones diversas de la ley”.

Para que exista prevaricación, el Tribunal Supremo exige que las resoluciones se aparten de toda interpretación razonable. Ni la Sala de lo Penal de la Audiencia, ni la Fiscalía, ni el juzgado de Granada que investiga el enterramiento de Federico García Lorca lo consideraron así. Defensores o detractores de la decisión, todos ellos enmarcaron sus argumentos dentro de la interpretación jurídica, sin insinuar en ningún momento que existieran indicios de irregularidad.

Es más, varios votos particulares de la Sala de lo Penal y el juzgado granadino defendieron la competencia de Garzón para investigar el levantamiento militar. Incluso el juez Santiago Pedraz, sustituto de Garzón durante su ingreso hospitalario, lejos de cuestionar la competencia o llamar la atención sobre una “decisión prevaricadora”, continuó con la instrucción.El abogado de Garzón rechaza otro argumento del Supremo: que el fallecimiento de los responsables, “sucedido notoriamente decenios antes” de la actuación del juez, hacía que fuera “absolutamente imposible” incoar el proceso.

En su escrito, defiende que la práctica es admitir a trámite la querella y, una vez que se demuestra el fallecimiento “con el oportuno certificado”, archivar la causa. “El juez instructor tiene la obligación jurisdiccional de comprobar fehacientemente el óbito y así debe hacerse siempre”, alega. Además, el texto llama la atención sobre que la nómina de implicados “era susceptible de irse ampliando” si existieran otros responsables “no identificados que, junto con la estructura dirigente, hubieran participado en la ideación y desarrollo del plan sistemático de exterminio”. En este sentido, se recogen varios casos en los que la persecución de los crímenes nazis han llegado a la actualidad.

En sus alegaciones, el abogado señala como única intención de Garzón “garantizar la tutela judicial de las víctimas”. Se apoya para ello en los argumentos de la Fiscalía para justificar la investigación de hechos similares: “El derecho a la tutela judicial efectiva sólo se satisface mediante una investigación judicial que cumpla los cánones de suficiencia y efectividad, sin que sea óbice para ello el tiempo transcurrido. Los derechos fundamentales exigen el agotamiento de todas las posibilidades de investigación al alcance de jueces y tribunales”.

A partir de ahora, será el Supremo el que deba decidir sobre si ratifica la admisión a trámite de la querella o la archiva. El recurso de Garzón lo verá la misma Sala de lo Penal que aceptó inicialmente el escrito de Manos Limpias, por lo que todo apunta a que mantendrá su decisión.