La Generalitat admite a la jueza de la DANA que disponía de agentes encargados de vigilar los cauces

La Generalitat ha admitido en un informe enviado al juzgado que investiga las actuaciones en los días de la DANA que arrasó València que existen agentes autonómicos cuya misión es vigilar cauces y barrancos. Estos se pusieron a disposición —porque así estaban obligados por la normativa autonómica— de la Agencia de emergencias, entonces dirigida por Emilio Argüeso, para el seguimiento de caudales en zonas inundables durante el día de la DANA como el barranco del Poyo.

Así consta en un informe, al que ha tenido acceso EFE, remitido por el director general de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Luis Gomis, a la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA.

Esta idea contradice a la vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Susana Camarero, quien había asegurado, recoge el diario El País, que esa función era competencia solo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, sin mencionar ningún otro organismo.

La instructora había requerido a Gomis, a finales de marzo, que remitiera al Juzgado "las acciones desarrolladas y el momento en que finalizaron las medidas de control sobre el barranco del Poyo el pasado 29 de octubre de 2024".

En su informe, el director general de Medio Natural y Animal aporta su argumentación junto a tres notas internas, sin que en ninguna de ellas figure referencia expresa alguna al citado barranco.

Gomis informó aquel 29 de octubre a las 11:30 horas en una nota interna a los servicios territoriales de Medio Ambiente de que "los agentes medioambientales forman parte del Plan Especial de Inundaciones y como consecuencia de ello, tienen encomendada (a la par que otros organismos) el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables".

También indicaba en esa nota, según relata a la jueza, que estas funciones "habrían de ser realizadas a instancias y de forma coordinada con el 112 a través de la propia Dirección General" que él dirige y en concreto a través de la Subdirección General de Protección Animal, Agentes Medioambientales y Coordinación.

"Toda la instrucción recogida en la nota interna de fecha 29 de octubre de 2024 remitida a las 11:30 horas tenía una vigencia acotada a la duración del Plan de Emergencia activado por fenómenos meteorológicos de la Agencia de Seguridad y Emergencias del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Comunidad Valenciana", añade Gomis en su informe a la jueza de Catarroja.

En una nota interna posterior, remitida a las 11:54 horas, Gomis informó a Emilio Argüeso —investigado en esta causa penal al igual que su entonces superiora, la exconsellera Salomé Pradas— de que la Dirección General del Medio Natural y Animal quedaba a disposición de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias.

El director general señala en su escrito al Juzgado que, aparte de esas notas internas, "no consta en esta Dirección ninguna otra actuación en relación a lo requerido" por la instructora.

La CHJ

Tras conocerse este informe, fuentes de la Generalitat dijeron a Europa Press que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Gobierno de España, dispone de agentes que "tienen encomendada la labor de ejercer las funciones de policía de aguas y vigilar el cauce los barrancos".

Estas fuentes señalaron que el artículo 94 de la Ley de Aguas "deja claro que la vigilancia de elementos del dominio público hidráulico, zonas de servidumbre y perímetros de protección, se ejercerá por la Administración hidráulica competente" y lamentaron que "la realidad fue que ni la Delegación del Gobierno, responsable de todas las agencias estatales implicadas en la gestión de la emergencia, ni la CHJ, a través de sus agentes, monitorizaron lo que dijeron que iban a monitorizar".