La Generalitat catalana se compromete a erradicar el 'gatekeeping parental' tras el aviso del Defensor del Pueblo

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha dado un paso importante tras las advertencias del Defensor del Pueblo y se ha comprometido con la institución que dirige Ángel Gabilondo a eliminar el "gatekeeping parental" de los informes elaborados por los servicios sociales en casos judiciales. Tras una investigación impulsada a raíz de una denuncia interpuesta por Isabel Martínez –víctima de violencia institucional machista y vocal de la plataforma Yo Sí Te Creo– y el análisis de posibles vulneraciones de derechos por parte del Ministerio de Igualdad, la Generalitat ha aceptado tomar medidas para cambiar esta forma de actuar. La decisión se produce después de que Público informara de la alerta del Defensor del Pueblo.

La respuesta oficial del Ejecutivo catalán comunicada a la denunciante por el Defensor del Pueblo, a la que ha tenido acceso Público, confirma que se han comenzado a aplicar una serie de medidas estructurales y de supervisión que buscan corregir el uso de una herramienta que, según el Ministerio de Igualdad, podría vulnerar derechos fundamentales de la infancia y reproducir patrones de discriminación contra madres protectoras.

El Departamento de Justicia ha informado de la creación de un grupo de trabajo en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), en el que participarán expertas tanto de Justicia como del Departament d’Igualtat i Feminismes. Este grupo analizará los casos documentados en los que se habría aplicado el "gatekeeping parental", una metodología señalada por presuponer sin base científica que las madres interfieren en la relación entre sus hijos e hijas y el progenitor. Se espera que, tras revisar la documentación enviada por la denunciante y por otras madres en situaciones similares, se emita un informe con conclusiones que guíen futuras intervenciones.

Además, el Ejecutivo catalán ha reestructurado la dependencia de los EATAF, que ahora pasarán a estar bajo el control del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC). Esta decisión, según han detallado al Defensor del Pueblo fuentes oficiales, permitirá una mayor supervisión de las metodologías empleadas por estos equipos en sus informes dirigidos al poder judicial.

Martínez denunció en 2023 haber sido evaluada por el EATAF de Barcelona con técnicas que, en sus palabras, "tergiversan las declaraciones de las madres y niegan el testimonio de los menores" en contextos de violencia de género.

La aceptación de la recomendación del Defensor del Pueblo supone, por tanto, un giro importante. Gabilondo había advertido, el pasado enero, que el uso del "gatekeeping parental" podría vulnerar lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, al tratarse de una práctica análoga al desacreditado Síndrome de Alienación Parental (SAP), carente de aval científico y prohibido, por tanto, en el artículo 11.3 de dicha norma.

Ahora el Defensor del Pueblo ha dado por finalizadas sus actuaciones tras constatar el compromiso de la Generalitat con la erradicación de esta práctica. No obstante, ha insistido en la necesidad de que se sigan desarrollando acciones formativas e informativas, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para prevenir el uso de metodologías que no cuentan con respaldo científico en la elaboración de peritajes que afectan a los derechos de madres e hijos. Desde la plataforma Yo Sí Te Creo celebran el paso dado por la administración catalana, pero insisten en que estarán vigilantes para que realmente se materialice.

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La rectificación de la Generalitat se suma a una creciente oleada de denuncias públicas por violencia institucional machista, como recoge un reciente informe que documenta más de un centenar de casos solo en 2024. La exclusión del SAP del ámbito judicial parecía marcar un punto de inflexión, pero tanto organizaciones feministas, como profesionales y el propio Defensor del Pueblo llevan tiempo advirtiendo de que el "gatekeeping parental" se ha convertido en su heredero encubierto.

Con este compromiso institucional, se abre una puerta a esa revisión crítica de las prácticas en los servicios sociales y periciales del sistema judicial que se viene reclamando, cuya legitimidad y fiabilidad se ven cuestionadas cuando no garantizan la protección de los más vulnerables. Esto es, las infancias y las mujeres víctimas de violencias machistas.