Generalitat y Estado ultiman la negociación de las bases de la nueva financiación catalana con la complicidad de ERC

El Palau de la Generalitat acogerá este lunes una comisión bilateral entre los Gobiernos estatal y catalán que, tras unas semanas de intensas negociaciones a tres bandas, se presenta como clave para avanzar en el nuevo modelo de financiación autonómica y, por lo tanto, en el cumplimiento del acuerdo de investidura de Salvador Illa entre ERC y el PSC. Las diversas partes implicadas en las conversaciones previas para esbozar los acuerdos que se tienen que sellar en la Bilateral -los dos Ejecutivos y ERC- se muestran optimistas de cara a la cita, que tiene que permitir establecer las bases del nuevo modelo, con algunas concreciones que se tendrán que abordar más adelante. 

El pacto de investidura entre republicanos y socialistas fijaba como límite temporal el primer semestre de este 2025 -que culminó el 30 de junio- para formalizar un acuerdo que, en cualquier caso, se tendrá que aplicar de manera progresiva. Pero, la realidad es que el estallido del caso Cerdán trastocó el calendario y los diferentes actores aceptaron darse más tiempo para alargar la negociación, que este lunes vive un capítulo importante, si bien ni mucho menos el último para que Catalunya cuente con una nueva financiación. No puede obviarse que para que se convierta en realidad hacen falta cambios legislativos que tendrán que aprobarse en el Congreso y, por lo tanto, requerirán negociaciones con otros grupos parlamentarios. 

Según lo que se ha ido avanzando los últimos días, los dos ejecutivos sellarán las líneas maestras del nuevo modelo, que estará basado en que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos, a través de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC); en el cumplimiento del principio de ordinalidad, es decir, que el reparto de recursos no implique que la Generalitat pierda posiciones con relación a autonomías que aportan menos; y que contará con una cuota de solidaridad. 

El cálculo de esta última cuestión será uno de los temas que quedarán fuera de la cumbre de lunes, con la previsión de que se aborde en una nueva comisión bilateral entre gobiernos, prevista para final de año. A grandes rasgos, las bases son las que ya aparecen en el acuerdo de investidura de Illa del verano pasado. 

Esta misma semana, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, se ha mostrado "convencida" de que la Bilateral cerrará un acuerdo que "dará respuesta" al pacto de investidura con ERC para añadir, justamente, que "tendrá la base" de lo que se acordó con los republicanos. Así mismo, ha recalcado que el nuevo modelo tiene que permitir "tener los recursos adecuados para Catalunya". 

Por parte de ERC, su vicesecretario de Comunicación y Estrategia, Isaac Albert, ha afirmado los últimos días que "la foto (del modelo), desde un punto de vista técnico, se parece bastante a lo que sería un concierto económico", porque prevé la recaudación de impuestos, el pago al Estado por los servicios prestados y una cuota de solidaridad interterritorial. 

Proposición de ley en el Congreso   

Una de las cuestiones en las cuales se avanzará el lunes es en el refuerzo de la ATC, la Hacienda catalana, que tiene que ampliar notablemente sus recursos en cuanto a personal y oficinas para poder asumir ya el próximo año la recaudación del IRPF, tal como está previsto. En la anterior Comisión Bilateral, que también se celebró en Barcelona, ya se aprobó compartir la gestión del impuesto de matriculación con su homóloga española y, posteriormente, se han anunciado incrementos de su plantilla. Con todo, la ATC cuenta actualmente con unos 800 trabajadores, muy por debajo de los 4.000 que tiene la Hacienda estatal en este territorio y, por lo tanto, todavía muy lejos del volumen que necesitaría para asumir la recaudación y gestión de todos los tributos en Catalunya. 

Paralelamente, ya ha trascendido que el PSOE y ERC registrarán en los próximos días en el Congreso una proposición de ley para que la Generalitat recaude los impuestos de manera gradual. Esta proposición será el elemento que detallará que la ATC será la encargada de recaudar y gestionar el IRPF a partir del año próximo, además de otros tributos como el de matriculación o el IVA de las pymes. Para que esto sea posible, introducirá cambios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para delegar en la Generalitat estos impuestos. Y, posteriormente, harán falta otros cambios legales que permitan traspasar al ejecutivo catalán el resto de impuestos. 

Todos estos cambios legislativos se tendrán que aprobar en el Congreso para que puedan materializarse. Teniendo en cuenta el rechazo frontal de PP y Vox a la financiación singular catalana, la única vía para que tiren adelante es que reciban el apoyo de la mayoría de la investidura, lo que implicará a buen seguro largas negociaciones. Tanto con Junts, que como es habitual en su eterna pugna con ERC buscará marcar perfil para vender el relato de que ha mejorado el acuerdo de los republicanos, y también otras formaciones, como con Compromís, que ha manifestado que solo apoyará a la reforma del sistema si hay una financiación adecuada para el País Valencià. 

¿20.000 millones más al sistema?   

Pese al más que previsible rechazo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a la financiación singular de Catalunya, la estrategia del Gobierno para desactivarla tendrá dos patas: la inyección de más recursos económicos al sistema, con la intención de que en la práctica nadie los pierda, y ofrecer el modelo que se pacte con la Generalitat al resto de comunidades. 

En este sentido, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que el reconocimiento de la singularidad se hará extensivo a las otras autonomías. Dicho con otras palabras, el proceso pasa por pactar primero el nuevo modelo con Catalunya de manera bilateral para, posteriormente, trasladarlo al resto en un Consejo de Política Fiscal y Financiera -órgano de coordinación entre el Estado y las autonomías- para que decidan si se quieren sumarse él. 

Tanto ERC como el actual Govern, en manos del PSC, parten de la premisa de que uno de los elementos clave de la nueva financiación tiene que ser aumentar los recursos disponibles de la Generalitat, un hecho que implica reducir el llamado déficit fiscal, la diferencia entre lo que se recauda en el territorio y lo que este acaba recibiendo con el actual modelo. Según los últimos datos del Departamento de Economía catalán, el déficit fiscal se eleva a unos 22.000 millones anuales. 

En este sentido, la pretensión de ERC es que el Estado acepte aportar un mínimo de 20.000 millones anuales extras al sistema de financiación, cifra que podría permitir que todo el mundo ganara recursos con relación al actual modelo o, como mínimo, que nadie lo perdiera. Ahora bien, la clave para que Catalunya mejore su situación pasaría porque una parte sustancial de esta cifra -lo óptimo sería la mitad- fuera a parar, justamente, a la Generalitat. Una pretensión que, a buen seguro, generará fuertes resistencias. Y, en todo caso, la concreción de las cifras -el incremento de los recursos al sistema o el cálculo de la cuota de solidaridad- se dejará para los siguientes meses y no se tratará el lunes en Barcelona.