El Gobierno abre el melón de la revisión del Estado

La vicepresidenta primera abrió la ronda de comparecencias de los miembros del Gobierno en el Parlamento para explicar las líneas básicas de sus departamentos para la novena legislatura.

María Teresa Fernández de la Vega no abandonó, en ningún momento, el tono con el que acudió a la Comisión Constitucional del Congreso, centrado en iniciativas de “vanguardia”, una palabra que citó en numerosas ocasiones para referirse a las políticas del Ejecutivo.

La número dos del Gobierno anunció una batería de reformas legales de gran calado, como la de la Constitución, la de Régimen Electoral General, la de Libertad Religiosa y la de Financiación Autonómica. También avanzó el desarrollo de otras normas como la Ley de Asociaciones, la llamada ley de la Memoria Histórica y la que restituye a los partidos políticos los bienes y derechos incautados durante la Guerra Civil (1936-1939). Asimismo, adelantó  la creación de nuevas leyes como la de Igualdad de Trato y contra la Discriminación y la General Audiovisual.

Asimismo, la vicepresidenta informó de la intención del Ejecutivo de profundizar y avanzar en el Estado autonómico, de revisar la ley sobre el aborto y de elaborar un plan de derechos humanos antes de que finalice el año. Las modificaciones legislativas fueron el punto fuerte de una jornada marcada por la expresión del deseo de diálogo y consenso por parte del Gobierno y del resto de grupos parlamentarios, acompañado de reivindicaciones e interrogantes en el discurso de la oposición, especialmente del PP.

El partido de Rajoy inauguró su labor de oposición con su portavoz de la Comisión Constitucional, Federico Trillo, al frente. Estuvo en todo momento  jaleado por unos compañeros entusiasmados con el tono sarcástico y burlón con el que se dirigió a De la Vega.

Hacia la laicidad

Uno de los temas mejor recibidos por la oposición –excepto por el PP– fue el anuncio de Fernández de la Vega de la intención que tiene el Gobierno de ahondar en la laicidad del Estado. La vicepresidenta, ante un Trillo que prácticamente se echó las manos a la cabeza, anunció una reforma de la Ley de Libertad Religiosa para esta legislatura que se adecúe “a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso que caracteriza a la España de hoy”.

El portavoz conservador acusó al Ejecutivo de ir “en contra de una creencia”, la católica, que es la de “la mayoría” de los españoles y la suya, confesó, aunque Trillo evitó en esta ocasión mencionar que es miembro supernumerario del ultracatólico Opus Dei, algo que nunca ocultó.

Sin embargo, la vicepresidenta se mantuvo firme, apeló a la “libertad religiosa” y a los cambios que precisa una ley que data de 1980 para incorporar, por ejemplo, los pactos a los que se ha llegado con representantes de otras religiones.

La reforma de la Constitución, un compromiso que viene de la pasada legislatura, empezó como en 2004: con el compromiso por parte del PP de apoyarla, aunque De la Vega manifestó su esperanza de que, como sucedió entonces, la de los conservadores no se quede en una mera declaración de buenas intenciones.

El anuncio de modificación de la Carta Magna, que incluiría entre otras cuestiones, la reforma del Senado o de la sucesión a la Corona para posibilitar el acceso de la mujer, obligó a la vicepresidenta primera del Gobierno a frenar el paso a los nacionalistas. Los portavoces de ERC y PNV pidieron que, ya que se “abre el melón” del cambio constitucional, en palabras de Joan Ridao, se abra más profundamente, sobre todo, en lo que se refiere al concepto de nación recogido en la norma primera.

María Teresa Fernández de la Vega fue clara en este asunto: “El presidente del Gobierno no se va a subir a un tren que no se sabe dónde va, que representa una aventura” y apeló a una reforma que tiene que ser pactada y consensuada en todos sus puntos con la totalidad de los grupos, algo que, claramente, no se lograría si se quisiese introducir la reivindicación nacionalista de autogobierno.

Los doce ejes de la acción del Gobierno 

Reforma de la Constitución
Convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial, incorporar la denominación de las comunidades autónomas, garantizar la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado e introducir el proceso de integración europea integran el paquete de reformas de la Constitución que propone el Gobierno.

Nueva ley electoral
El Ejecutivo solicitará de forma inmediata al Consejo de Estado un informe sobre la Ley Orgánica del Régimen Electoral para entregarlo a la subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional. Esa subcomisión estaría encargada de debatir y evaluar “posibles cambios” basados siempre, según De la Vega, en el mayor consenso posible.

Hacia un Estado más laico
El Gobierno revisará la ley orgánica de Libertad Religiosa para avanzar en la laicidad del Estado, según la vicepresidenta primera, para adecuar la norma al pluralismo actual y garantizar el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de conciencia. La Conferencia Episcopal Española tiene previsto valorar hoy el proyecto del Gobierno.

Igualdad de trato
De la Vega insistió en que, tras la aprobación de la Ley de Igualdad, el Gobierno aprobará una ley integral para la Igualdad de Trato. La vicepresidenta primera señaló que con esta iniciativa se logrará que España se sitúe “en la vanguardia efectiva del derecho a la igualdad”. La ley no sólo abarcará asuntos de género sino otros aspectos.

Abortar con garantías
De la Vega ha asegurado que el Gobierno permanecerá atento a toda vulneración de derechos. Citó en concreto el derecho  al aborto, tras los casos de mujeres que han visto peligrar el derecho a la intimidad. También recordó o el convenio que permite a los religiosos formar parte del comité de ética de cuidados paliativos de los hospitales públicos.

Derechos y libertades
España se ha beneficiado en los últimos 30 años de un gran avance en materia de derechos y libertades. Una de las apuestas del Ejecutivo será la puesta en marcha y preservación de los derechos colectivos, como el desarrollo de la ley de asociaciones, y de carácter privado, como el derecho al honor o la confidencialidad.

Más memoria histórica
Fue en el ultimísimo tramo de la pasada legislatura cuando el Gobierno aprobó la Ley de la Memoria Histórica. Ayer, De la Vega comprometió su desa-rrollo. También desplegará por reglamento la ley que restitu-ye a los partidos los bienes incautados durante la guerra y el franquismo. Con ello se saldará “una deuda de justicia” de aquel “doloroso periodo”. 

Derechos en primera fila
Antes de que acabe 2008, el Ejecutivo presentará un Plan de Derechos Humanos para “impulsar la actuación de los poderes públicos” en este campo. La idea recibió el rechazo del PP porque ya existen declaraciones como la de la ONU o la Constitución de 1978. España también ha presentado la candidatura para integrar el Consejo de DDHH de la ONU.

Esfuerzo en Justicia
“No faltará ni dedicación ni esfuerzo” para solucionar “urgentemente” el colapso de la Justicia. La promesa de De la Vega enjugaba la inquietud destapada el martes, cuando el Poder Judicial cuantificó en 269.405 las sentencias por ejecutar. El Gobierno “es consciente”, subrayó. No olvidará tampoco la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional.

Financiación para 2009
El Ejecutivo sabe que la negociación de la nueva financiación autonómica “no será fácil”, pero avanzó que “no habrá perdedores”. Moncloa espera cerrar el acuerdo antes del verano y que entre en vigor en 2009. Además, todos los proyectos de ley incluirán un “informe de impacto autonómico” para evitar colisiones con las comunidades. 

El reto de ser el corazón de la UE
En el primer semestre de 2010, España asumirá la presidencia de la UE. El país será el “verdadero corazón de Europa”, un “reto colectivo” para el que hay que “sumar fuerzas”. “Está en juego el prestigio de Espa-ña”, advirtió De la Vega. Por eso el Gobierno ha creado el cargo de Alto Representante para la Presidencia. El elegido, Nicolás Martínez-Fresno.

Una Ley de lo Audiovisual
Se reformó RTVE, pero quedaron tareas pendientes. El Gobierno las retomará. Aprobará “con gran consenso” entre todos los operadores una Ley General Audiovisual e intentará crear el Consejo Superior de Medios Audiovisuales. Moncloa se empleará “a fondo” para “impulsar” la televisión digital terrestre.