El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra el próximo 20 de noviembre. El texto, al que ha tenido acceso Público, subraya el compromiso del Gobierno con la protección integral de niños, niñas y adolescentes y pone el foco en la necesidad de avanzar hacia una prestación universal por crianza, una medida impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia y el Ministerio de Derechos Sociales en el marco de la coalición Sumar. 

Fuentes del departamento encabezado por la ministra Sira Rego explican que esta prestación, diseñada bajo criterios de universalidad y equidad fiscal, consistiría en una ayuda de 200 euros por hijo o hija a cargo, orientada a sustituir el modelo asistencial actual. Según sus estimaciones, permitiría reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil en España. 

La declaración alerta de que "la desigualdad económica también condiciona vidas enteras desde la infancia" y defiende que la lucha contra la pobreza infantil debe abordarse desde una perspectiva integral. En esta línea, el Gobierno reivindica el trabajo en marcha para reforzar el Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea, la extensión del Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital y el impulso de un Pacto de Estado que involucre a todas las administraciones. 

El documento sitúa, además, la protección frente a la violencia como uno de los ejes prioritarios. Recuerda la relevancia de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) y aboga por seguir desarrollando su implementación y ampliación. También menciona el anteproyecto de Ley de medidas en materia de violencia vicaria, aprobado en septiembre, que busca reforzar la respuesta frente a la violencia ejercida sobre hijos e hijas como forma de dominación hacia las mujeres. Otro de los puntos centrales es la protección en los entornos digitales. El Gobierno destaca el proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, actualmente en tramitación parlamentaria.

La declaración insiste en que la garantía de derechos debe incluir de forma expresa a quienes afrontan situaciones de mayor vulnerabilidad, como la infancia tutelada o los menores migrantes no acompañados. "Defender los derechos de niños, niñas y adolescentes no es solo una obligación constitucional: es un proyecto de país", concluye el texto, que reivindica una España "más libre" y más justa en la que "los derechos no vengan determinados por el código postal".

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha enfriado no obstante la visión de sus socios. Preguntada en rueda de prensa y según ha recogido Miguel Muñoz -redactor de PSOE y Moncloa-, Montero ha destacado que ya hay "instrumentos" destinados a paliar la pobreza infantil como el IMV o el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). "Para formular cualquier otra prestación hay que reevaluar el rendimiento de estos complementos, habría que hacer una refundación para no duplicar instrumentos y solaparse. Sería interesante evaluar los instrumentos que tenemos", ha señalado.