El Gobierno ha adjudicado 46 contratos armamentísticos a Israel desde el inicio de la guerra de Gaza

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, España ha adjudicado un total de 46 contratos a industrias militares israelíes, con un valor de 1.044.558.955 euros, según un estudio del Centro Delàs de Investigaciones para la Paz basado en los datos publicados por la Plataforma de Contratación del Estado.

De los contratos mencionados, diez aún no han sido formalizados, por lo que el centro de estudios solicita su cancelación. Entre estos se encuentran adquisiciones de material militar israelí, como los lanzacohetes SILAM (por un valor de 576,4 millones de euros) y los misiles Spike (237,5 millones de euros). Además, incluyen acuerdos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A.

El informe señala que el Gobierno "ha mantenido la contratación de productos militares a empresas israelíes a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en diversas ocasiones tanto en medios de comunicación como en sede parlamentaria".

"La estrategia de que la mayor parte de los contratos adjudicados a la industria israelí también implique y beneficie a la industria española facilita a la industria israelí ser adjudicataria de esos contratos y genera una preocupante complicidad entre las empresas de armas españolas y las israelíes", añade la entidad.

En este sentido, el Centre Delàs considera necesario "cancelar de inmediato todos los contratos formalizados o en ejecución que contribuyan a mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra de las acciones militares de Israel sobre la población civil palestina de Gaza y Cisjordania".

"Los hechos han demostrado -agrega- que el anuncio del Ministerio del Interior de que iba a revocar la adjudicación de un contrato de compra de munición israelí para la Guardia Civil no se correspondía con la realidad. No se había iniciado ningún procedimiento administrativo para llevar a cabo la revocación sino que se habían limitado a analizar si la revocación era posible".

Para el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, si el Gobierno hubiera acordado un embargo integral de armas a Israel que incluyera, entre otras medidas, importaciones y prohibiciones de contratar a empresas israelíes de defensa o a sus filiales "ninguno de estos contratos administrativos se hubiera celebrado".

En la misma línea, alega que si el Ejecutivo "tuviera voluntad política podría imponer ese embargo a través de un decreto ley en la próxima reunión del Consejo de Ministros".