"Le hemos pillado con el carrito del helado. Ahora que diga la Fiscalía quién tiene razón", le dijo el diputado de Unidas Podemos por Andalucía, Ismael Sánchez, a Elías Bendodo, consejero andaluz de la Presidencia este jueves en el Parlamento de Andalucía.

Sánchez y su partido están convencidos de que la adjudicación de los contratos de iluminación de distintos edificios de Sevilla durante la Eurocopa han sido troceados –se han repartido en varias Consejerías, la de Presidencia otorgó uno de ellos– para poder adjudicarlos a dedo y los llevará a la Fiscalía para que la justicia los investigue.

"No vean fantasmas donde no los hay. Es un contrato menor, que cumple todas las exigencias técnicas y jurídicas", defendió Bendodo. "Este gobierno hace las coas bien y no mete la mano en la caja. Mañana entra en vigor la Ley contra el fraude y la corrupción tras publicarse hoy mismo en el BOJA. A partir de ahora corromperse va a ser mucho más difícil. Se ha hecho esta ley para evitar que se vuelva a repetir el pasado. No somos como ustedes. Creánme, que todas las cosas que se hacen cuentan con absoluto respaldo legal", agregó el consejero.

Sobre el contrato que le afecta directamente, el adjudicado por la Consejería de la Presidencia, Bendodo expresó: "Este debate me recuerda a mis tiempos de concejal de distrito. Encantado de responder todas las preguntas. Pero vamos a darle la dimensión que le corresponde. Si esta consejería está en San Telmo, lo lógico es que el contrato [de iluminación de San Telmo] lo haga esta consejería".

Para Sánchez, se trata de una "irregularidad": "El consejero [de Educación y Deporte, Javier Imbroda] anuncia un espectáculo en la ciudad de Sevilla y anuncia públicamente la empresa concesionaria de ese espectáculo [Acciona], que iluminaría nueve monumentos. Ese espectáculo se ha convertido [de momento] en siete contratos. Han troceado un contrato mayor en siete contratos pequeñitos y eso la ley de contratos de sector público no lo permite. Los siete contratos son iguales, la gran mayoría a la misma empresa".

Esta práctica, el troceamiento de contratos menores –los que se dan por menos de 15.000 euros en suministros y servicios y 40.000 euros en obras– que evita a las administraciones tener que ir a un concurso y les permite adjudicar "a dedo", es muy común en todo el sector público y no en todos los casos es ilegal. Se puede hacer siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Bendodo aseguró que el Tribunal de Cuentas no consideró que existiera fraccionamiento en la contratación de la iluminación navideña por el Ayuntamiento de Sevilla en 2016. Y agregó esta idea para justificar que los contratos se hayan hecho en diferentes consejerías: "El hecho de que se ilumine el palacio de san Telmo no depende de la iluminación del puente de la Barqueta".

El diputado del PP Pablo Venzal lo explicó de este modo: "Hay separación funcional, se trata de 9 puntos de iluminación. Y además [los contratos] no tienen dependencia entre sí. La propia ley lo ampara. Se puede contratar con el mismo suministrador de servicio. Aunque se repita la persona. En el informe aparece acreditada la separación funcional. Esto es ridículo, son contratos distintos, y con requerimientos distintos".

"Si esto lo ampara la ley o no, lo veremos. La Fiscalía lo dirá", manifestó el diputado Sánchez.

La documentación

La redacción del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público ha generado mucha confusión en las administraciones públicas, según ha constatado la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el organismo del Estado encargado de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades en relación con la contratación pública.

Esta oficina considera que, en cada caso, el órgano, en esta ocasión, cada Consejería de la Junta de Andalucía, "debe justificar la ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato". Así lo explica la Oficina "En este sentido, el criterio relativo a la unidad funcional para distinguir si existe fraccionamiento en un contrato menor estriba en si se pueden separar las prestaciones que integran el citado contrato; y en el caso de que se separen, si las prestaciones cumplen una función económica o técnica por sí solas". 

Para el PSOE, el asunto es de momento "raro". El diputado Manuel Jiménez Barrios reclamó al Gobierno la documentación para poder examinarla –la oposición aún no la tiene, a pesar de haberla pedido– y entonces juzgar. "No encontramos el informe jurídico en el portal de transparencia. Se trata de entender cómo es posible que un contrato se fraccione. ¿No hubiera sido más sencillo sacar un concurso público? ¿Alguien pretende que la oposición no hable? Queremos saber cuál ha sido la razón de fondo para esta adjudicación para una actuación que es única: se puede, pero hay que justificarlo. No prejuzgo, pero hago lo que corresponde, preguntar por una actuación que suscita dudas. Juzgaremos cuando veamos [la documentación]".