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El Gobierno andaluz quiere limitar por ley los mandatos del presidente y los consejeros a 8 años

El vicepresidente Juan Marín, líder de Ciudadanos, saca del armario la bandera de la regeneración democrática y la oposición le exige que antes se ocupe de la pandemia

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Por Laura León
Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Por Laura León.

raúl bocanegra

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), tomó este martes la iniciativa y mantuvo encuentros con los portavoces de los grupos parlamentarios para que se tramite y apruebe por consenso una reforma legislativa que limite a ocho años los mandatos del presidente y de los consejeros.

Esta es una de las banderas de Ciudadanos, incluida en el pacto de Gobierno con el PP, y Marín, después de un par de meses de especulaciones sobre su acercamiento a los conservadores –con cábalas incluidas sobre la posibllidad de su paso al PP– y la falta de perfil propio, ha querido que se notase que ha sacado la bandera de la regeneración democrática del armario.

Si esto supone un cambio de ritmo y de estrategia del vicepresidente a la búsqueda de rentabilizar la estanca de Ciudadanos por el Gobierno andaluz, se verá en los próximos tiempos.

Así, el vicepresidente, según recogió el Gobierno en una nota, reclamó a los grupos que se tomen en serio un tema "lo suficientemente relevante" como para que se pudiera aprobar por lectura única, lo que reduciría enormemente los plazos para su puesta en marcha. Marín manifestó que es una reforma que podría haberse tramitado con una proposición de Ley solo de PP o de Ciudadanos "pero esa no es la voluntad de este Gobierno".

Además de la limitación de mandatos, Marín quiso amarrar también un consenso al respecto de otras iniciativas"que afectan no a un Gobierno, no a una legislatura, sino al futuro de una comunidad autónoma y su regeneración democrática", según dijo.

Así, Marín reclamó "el mayor consenso posible" para aprobar la Ley de lucha contra el fraude y la corrupción y la protección de la persona denunciante, otra de las propuestas de Ciudadanos, que contempla la creación de la Oficina contra el fraude como un órgano de extracción parlamentaria, independiente del Gobierno, con un director nombrado por el Parlamento. "No podemos hacernos trampas al solitario: el Gobierno no puede fiscalizar al Gobierno", consideró Marín.

El vicepresidente avanzó que el anteproyecto de Ley se encuentra en su última fase, pendiente del dictamen del Consejo Consultivo que tiene de plazo hasta el 17 de enero para emitirlo, tras lo cual irá al Consejo de Gobierno para su aprobación. La previsión es que llegue al Parlamento al inicio del próximo periodo de sesiones, en febrero.

"Nuestra voluntad es la de cumplir con los compromisos, generar confianza sobre la clase política apartando cualquier duda de corrupción, dando protección a las personas que decidan denunciar cualquier caso de corrupción política y no dejándolos abandonados a su suerte, porque hay casos en los que denunciantes se han visto luego denunciados; facilitando la alternancia en los gobiernos y la higiene democrática", subrayó el vicepresidente.

Marín adelantó que la Ley recoge que el director de la Oficina será "propuesto por todos los grupos parlamentarios", tendrá que ser "funcionario de carrera del grupo A1, tendrá un mandato de cinco años y durante los primeros meses de cada anualidad deberá aprobar una memoria anual descriptiva de las actuaciones que deberá ser publicada en BOJA".

La pandemia

El PSOE eludió entrar en el fondo de lo planteado por el vicepresidente y optó por mandar a Marín a gestionar mejor la pandemia. "Entendemos que este es el momento para que el Gobierno comparta con la oposición la gestión de la pandemia, los asuntos verdaderamente importantes. No podemos entender cómo se nos llama para estas cuestiones y, sin embargo, la última información que recibimos [sobre las medidas de la Junta contra la pandemia] el pasado viernes fue a través de un audio de Whatsapp: una falta de respeto a los andaluces, más allá de hacia los partidos políticos, que también", manifestó José Fiscal, portavoz parlamentario del PSOE de Andalucía.

"No puede ser que no se nos haya citado desde hace meses para ofrecernos la más mínima información sobre la gestión del coronavirus y se nos llame para estos asuntos en este momento", abundó Fiscal.

El portavoz del PSOE añadió que no quería "restar ninguna importancia a los asuntos planteados" por el vicepresidente de la Junta en esta reunión, pero reiteró que no era el momento. "Ahora estamos en plena pandemia, la tercera ola está comenzando y los datos son escalofriantes. No merece ni siquiera la pena entrar en el contenido de las cuestiones" planteadas por Marín, que cuando toque se abordarán".

La portavoz de Adelante Andalucía, Inma Nieto (IU), también criticó la urgencia con la que Marín había convocado a los portavoces. "Con la que está cayendo, es inaudito que nos llamen para hablar de una cosa que se puede hablar mañana o pasado. Estamos en un mes inhábil en la Cámara. El Gobierno esta muy desordenado, tiene las prioridades muy desordenadas, si se está ocupando de esto ahora. Tienen que centrarse en la pandemia. Si un presidente puede estar ocho años o cuatro lo podemos abordar en tres semanas o un mes. No parece que esto sea lo que preocupa a pie de calle".

Nieto también criticó las formas: "No tiene ni pies ni cabeza que sea el Gobierno el que presente una proposición de ley de los grupos". Eso sí, Adelante, al igual que el PSOE, estará en las negociaciones de las propuesta de Marín.

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