El Gobierno da luz verde a la norma que legisla contra la difusión sin consentimiento de los 'deepfakes'
El texto, en tramitación parlamentaria, considera ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin autorización a través de la IA, y establece una nueva regulación para los 'true crimes'.

Madrid--Actualizado a
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley que considera ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial (IA), las conocidas como deepfakes, y que regula también los true crimes. El Gobierno da así luz verde a un texto impulsado por los ministerios de Justicia y Juventud e Infancia, que irá ahora al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
La nueva norma considera ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con IA o tecnologías similares, además de establecer que compartir imágenes personales en una red social no supone que terceros puedan usarlas en otras redes o canales de difusión.
Estipula en 16 años la edad en la que los menores pueden prestar su consentimiento para facilitar su propia imagen. Este límite se sitúa en línea con el proyecto de ley de protección a los menores en el entorno digital y también regula el consentimiento de las personas con discapacidad.
Se incluirá también una nueva regulación para los denominados true crimes con el objetivo de dar mayor protección a las víctimas de estos delitos, de tal manera que se considera injerencia en el derecho a la protección del honor siempre que el victimario obtenga algún tipo de rendimiento económico o proyección personal con ese true crime.
No obstante, se protege la libertad de expresión y la libertad creativa. Así, en el caso de personas de proyección pública, en un contexto creativo, satírico o de ficción, se puede utilizar inteligencia artificial. En todo caso, se deberá constar que esas imágenes provienen de la utilización de esa tecnología.
La norma define unos criterios para calcular las indemnizaciones en línea con la jurisprudencia. De esta manera, se fijan los criterios para que los jueces ponderen la gravedad de las intromisiones: repercusiones sociales, reincidencia, gravedad de las expresiones empleadas, etcétera.

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