El Gobierno aprueba el anteproyecto para reducir progresivamente los alumnos por aula y el horario de los docentes

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley que reducirá el número de alumnos en las aulas y el horario lectivo de los docentes, que pasará a ser 18 horas en primaria y 23 horas semanales en secundaria a partir del curso que viene.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha señalado tras el Consejo de Ministros de este martes que se trata de "mejorar la calidad de la Educación" y reducir la carga de los docentes con una disminución de las ratios en las clases hasta 22 alumnos en Educación Primaria y 25 en Secundaria.

Además, el alumnado con necesidades educativas especiales computará como doble plaza.

El anteproyecto de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria se ha aprobado en primera vuelta. Después de haber sido pactado con los sindicatos de la enseñanza pública docente, el texto deberá volver al Consejo de Ministros para su aprobación final.

El Gobierno espera que el futuro proyecto de ley sea tramitado por las Cortes Generales, a partir de enero o febrero. Y confía en un apoyo mayoritario de todas las formaciones políticas, también de Junts.

"Creo que es un objetivo compartido. Todos queremos mejorar las condiciones de los docentes y las primeras impresiones con quienes compartimos este anteproyecto son positivas", ha dicho Alegría tras recordar que las últimas leyes educativas como la de Enseñanzas Artísticas o la de Formación Profesional tuvieron un apoyo mayoritario.

Alegría ha señalado que muchas comunidades ya trabajaban con estos horarios lectivos, que fueron sugeridos en 2019, aunque ha puntualizado que, a partir del curso que viene, serán obligatorios. Además se empezará a dialogar con las comunidades autónomas y espera "un apoyo generalizado".

El documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en infantil, primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.

Bajada de ratios progresiva

Las nuevas ratios en las aulas serán para primaria y secundaria, que son las enseñanzas obligatorias, aunque se hará de forma progresiva.

El calendario de aplicación prevé que en el curso 2027/2028 entren en vigor las ratios para infantil y primaria; en 2028/2029 las de secundaria; y en 2029/2030 la de bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

Alegría ha explicado que una vez aprobado el proyecto de ley, en el plazo de seis meses se tendrá que modificar el real decreto que rige las enseñanzas de infantil y de bachillerato, para que también se vean afectadas en esta disminución del alumnado.

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"El presidente del Gobierno ha utilizado muchas veces una frase y una expresión que creo que recoge el sentido de este anteproyecto de ley; que si queremos cuidar a los que nos cuidan, si queremos cuidar a los que nos enseñan, desde luego tenemos que estar al lado de los docentes de nuestro país, porque claramente en ellos está el futuro de nuestro país", ha recalcado Alegría.

Los sindicatos piden la bajada de ratios inmediata

Los sindicatos públicos de la Enseñanza no universitaria valoran que se rebaje por ley el número de alumnos en las aulas, pero insisten en que su implantación debe ser inmediata y no progresiva. Además, exigen tiene que afectar a todo el alumnado con necesidades de apoyo y no solo con necesidades educativas especiales.

El secretario de Enseñanza Pública de CCOO, Héctor Adsuar, ha recordado en un comunicado que las mejoras laborales deben continuar en las mesas de negociación con el Ministerio, de cara a la elaboración del nuevo estatuto docente. Ha señalado, además, que darán "la batalla en todos los frentes", también para igualar la categoría de maestros a la de docentes y para una mejor jubilación anticipada y gratificada.

Reducción de la burocracia, recuperación del 100% de las pagas extraordinarias, mayor prevención de riesgos psicosociales o aumentar los recursos dirigidos a la orientación son las asignaturas pendientes que están sobre las mesas negociadoras.

Para CCOO, la aplicación de la bajada de ratios en las aulas debería ser inmediata y no progresiva y "todo el alumnado con cualquier necesidad tendría que contar para bajar ratios e incrementar apoyos especialistas".

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A pesar de la confianza del Gobierno, el responsable de política educativa de STES-Intersindical, Fernando Villalba, señala que "la aritmética parlamentaria es prácticamente imposible pese a que las mejoras son tan livianas que podrían ser votadas por la oposición y salir adelante".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por su parte, ha reclamado a los grupos parlamentarios "altura de miras" y ha recordado que falta la regulación de los especialistas en atención a la diversidad y exige más profesionales.

El secretario estatal de Acción Sindical de ANPE, Ramón Izquierdo, ha señalado que seguirán negociando para intentar acortar los plazos en la implantación de las nuevas ratios y sobre todo para que la nueva ley vaya acompañada de una memoria económica que permita a las comunidades autónomas poder aplicarla.

Por su parte, la secretaria del sector de Enseñanza de UGT, Beatriz García, ha recordado que es "un primer paso legal" pero que les hubiera gustado que el acuerdo "fuera más ambicioso".

"Muchas comunidades ya tienen las horas lectivas reducidas en esos términos y el Ministerio podría haber hecho un esfuerzo mayor para que hubiera adaptado la jornada lectiva a la media europea. Lo mismo ocurre con la reducción de alumnos", recalca.