El Gobierno aprueba un último decreto que obliga a las autonomías a acoger a los menores migrantes

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías y supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, a la que se oponen la mayoría de comunidades, obligadas por ley a atenderlos.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado la aprobación de este decreto en rueda de prensa y ha destacado que es un "paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante".

"Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El decreto aprobado este martes fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes.

Las comunidades que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.

El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos. Con el criterio fijado por el Gobierno, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías acogen a menos menores migrantes de lo que les correspondería por población.

Las mayores diferencias se dan en Andalucía, que con los datos conocidos hasta ahora acoge a 1.372 menos de lo que le corresponde, País Valencià, con 1.216 y Galicia, con 620.

Con la entrada en vigor de este decreto, arrancará el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.

Este procedimiento implica además que los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.

La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.

Este martes algunas comunidades autónomas, como Madrid o La Rioja, han expresado ya sus quejas por un sistema que a su juicio va a desbordar sus capacidades.

Este sistema lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional diez autonomías gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE). Además, la Comunidad de Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Illes Balears, que pide suspender cautelarmente el reparto.

Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni Euskadi ni Catalunya tendrían que acoger a ningún joven, aunque Catalunya anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número que en anteriores campañas de acogida.