El Gobierno deja que la ley de Transparencia se apolille en el Congreso

Hace ahora un año y dos meses la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció en su primera comparecencia ante la comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que el Ejecutivo recién estrenado iba a remitir a la cámara una iniciativa legislativa con la denominación de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno durante aquel primer periodo de sesiones parlamentarias que se prolongaba hasta finales de junio. No fue así.

El proyecto gubernamental fue aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 27 de julio y remitido a la Cámara baja una semana después, el 3 de agosto en plena canícula estival. Al iniciarse el segundo periodo de sesiones en la Cámara baja, ya en septiembre, el proyecto de ley, llamado a ser una de las iniciativas estrella del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, comenzó su andadura parlamentaria con su calificación por la Mesa de la institución y su publicación en el boletín de la cámara. Había pasado ya un mes y medio desde que el proyecto fue presentado en sociedad.

Pero en este tiempo ninguno de los siete grupos parlamentarios de la Cámara baja ha presentado enmienda alguna. Pese a lo que pudiese parecer, esto es normal cuando no se alcanza un acuerdo político entre los principales grupos parlamentarios en torno a una iniciativa legislativa, como es el caso, que se quiere alumbrar por consenso y con una amplia mayoría.

Eso sí, esta "cocina a fuego lento", como lo ha definido un veterano parlamentario, no significa que haya habido una completa inactividad. Si la vertiente política en este asunto ha estado paralizada los miembros de la comisión Constitucional, que preside el popular Arturo García Tizón, han tenido oportunidad de documentarse en múltiples aspecto técnicos: a finales de octubre del pasado año la comisión decidió la conveniencia de solicitar la comparecencia de especialistas en la materia.

Los miembros de la comisión han valorado hasta el momento de forma satisfactoria las aportaciones de los especialistas que han sido propuestos por los diferentes grupos parlamentarios. Algunos de ellos han hecho hincapié en que España es el único país europeo de importancia que no tiene una legislación que obligue a mantener una transparencia efectiva ante los ciudadanos por parte de sus administraciones públicas, circunstancia que la propia vicepresidenta Sáenz de Santamaría también ha destacado para acentuar el valor de la iniciativa del Gobierno.

Fuentes parlamentarias explican que a la vuelta de estas vacaciones "habrá un impulso" a la tramitación del proyecto legislativo. "El Gobierno retoma el interés ante el delicado panorama político y social que se ha asentado", aseguran varios parlamentarios de la oposición. El Gobierno ya les ha anunciado que el secretario de Estado Ayllón volverá a intentar llegar a un acuerdo de máximos con los grupos en un encuentro que se producirá a la vuelta de las vacaciones.

Con todo, la realidad es que en estos momentos el proyecto estrella del Gobierno de Rajoy se encuentra varado después de siete meses en sede parlamentaria. Las euforias iniciales sobre las bondades de esta iniciativa legislativa pueden tornarse en una complicación más para el Ejecutivo si no encuentra socios que le acompañen para hacer de esta ley un referente institucional. El mes de abril se presume decisivo para el futuro del rimo de su tramitación y, sobre todo, para definir sus contenidos que se mantienen tal como salieron de la mesa del Consejo de Ministros un lejano 27 de julio.