El Gobierno desacata al TC: se niega a pagar subsidios a ex presos abertzales

@danialri

Esta paradójica situación tiene fecha y lugar de nacimiento: el 21 de octubre de 2013 en Estrasburgo. Ese día, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló contra la aplicación de la denominada “Doctrina Parot”, que permitía alargar la permanencia en prisión de personas condenadas por delitos de terrorismo. Aquella sentencia supuso la puesta en libertad de un gran número de presos de ETA, así como una catarata de reacciones por parte del gobierno del PP y de las distintas formaciones políticas. Una de ellas, UPyD, consiguió el apoyo de los populares para conseguir que los ex reclusos lo tuviesen difícil a la hora de reinsertarse en la sociedad.

“A partir de enero de 2014, se denegaron sistemáticamente todas las peticiones de subsidio”, señala Pazis García

Con ese objetivo, el partido de Rosa Díez –hoy prácticamente desaparecido de la vida política- logró convencer a los conservadores para que recortasen el acceso al subsidio de 426 euros durante 18 meses que la ley garantiza a quienes han permanecido más de seis meses encarcelados y no tienen medios suficientes para iniciar una vida digna en libertad. De esta manera, el gobierno aprovechó la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2014 para reformar la normativa vigente en materia de Seguridad Social. A partir de su aprobación, los ex presos se verían obligados a pedir perdón, mostrar arrepentimiento, colaborar con la Policía y pagar indemnizaciones. Si no cumplían con esos preceptos, no podrían acceder a las ayudas.

“Queremos que se investigue”

Esta respuesta no conformó a LAB. El pasado 1 de diciembre, su representante legal se personó en los juzgados de Bilbao para formular la denuncia la directora del SEPE en Bizkaia. “Queremos que se investiguen cuáles son las razones y quiénes son los funcionarios que han dado órdenes para que esto no se cumpla”, adelantó la abogada. Mientras aguarda el desenlace de su denuncia, García atribuye esta situación a la “inhumana política penitenciaria que mantiene el gobierno del PP”.

Primeras cartas

En ese contexto, el responsable de Harrera reveló que en las últimas semanas se habrían registrado algunas novedades significativas. “El SEPE ha empezado a enviar cartas a algunos ex presos que habían tramitado esa ayuda, diciéndoles que a partir del 10 podrán cobrar”. Esa resolución habría sido enviada a alrededor de 30 de los 100 solicitantes que aún aguardaban una respuesta. En cualquier caso, Etxegarai sostiene que “la faena ya está hecha”. “La gente necesitaba esos 426 euros cuando salió de prisión. Si ahora lo cobran, perfecto, pero muchos ya habrán conseguido trabajo. Lo realmente grave es que los dejaron en la indigencia cuando abandonaron la cárcel”, subrayó.